Un juez federal ha concedido una suspensión provisional que impide la ejecución de la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, acusado de delitos como peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que durante su administración se adquirieron siete cuarteles para la Guardia Civil en municipios como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro a precios inflados, causando un daño patrimonial de aproximadamente 3,400 millones de pesos.
El secretario en funciones del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal admitió la demanda de amparo presentada por la defensa de Aureoles y fijó una garantía de 52,000 pesos, que deberá ser cubierta en un plazo de cinco días.
La suspensión provisional ordena que las cosas permanezcan en el estado actual y que no se ejecute la orden de arresto hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Además, impide que Aureoles sea privado de su libertad, incluso si en el procedimiento penal se le impusiera prisión preventiva justificada.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a cuatro exfuncionarios del gobierno de Aureoles: Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; José Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración; y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública.
Estos exservidores públicos enfrentan cargos por peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. La jueza otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
