El coordinador priísta en la camara de diputados federal Rubén Moreira Valdéz alerta que gobiernos estatales implementan una «arquitectura de silencio» mediante demandas judiciales abusivas, leyes restrictivas y censura directa, tras revelar que un juez en Campeche ordenó vigilar cada escrito de un periodista. En entrevista exclusiva con Rotativo Noticias el noticiero conducido por Alejandro Alejandre para Cadena Azul FM, el legislador expuso cómo el caso del comunicador Jorge González Valdez —demandado penal y civilmente por la gobernadora Layda Sansores— sienta un «precedente aterrador»: un censor designado judicialmente supervisará sus redes sociales, entrevistas e incluso decidirá qué publicar, «…entonces, estamos regresando, o sea, los tiempos de la Inquisición y se sienta un terrible precedente contra toda la prensa» manifestó.
La medida, calificada por Moreira como «un regreso a los métodos de la Inquisición», se enmarca en lo que advirtió puede ser el nuevo patrón nacional de represión a la libre expresión. Reveló que recientemente se aprobaron 31 leyes «destinadas a restringir libertades de las personas», incluyendo una que permite localizar ciudadanos en tiempo real mediante sus celulares y otra que obliga a medios a distinguir cada minuto entre «noticia» y «opinión» bajo sanciones draconianas. «Están usando el Estado para suprimir voces de manera ‘legal'», denunció en la transmisión a través de las frecuencias de esta cadena radiofónica.
El diputado vinculó el caso González Valdez —director del periódico Tribuna en Campeche— con otros emblemáticos: la ciudadana Karla Estrella, forzada a una disculpa pública de 30 días en redes sociales; el escritor Héctor de Mauleón, perseguido por órganos electorales locales; y los más de 40 editorialistas despedidos de medios electrónicos. «En Canal Once suprimieron programas plurales como el de Sergio Aguayo y María Amparo Casar, mientras recortan salarios a trabajadores de esa emisora y Canal 22», agregó.
La estrategia de contención anunciada por Moreira incluye: Un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para investigar con la CNDH la «censura institucional»; recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de la ONU y exigir el pago inmediato a empleados de medios públicos afectados.
«Cuando atacan a un periodista, violan el derecho de todos los mexicanos a estar informados», sentenció el coordinador priísta, advirtiendo que el fenómeno se agrava con gobernadores que instrumentalizan jueces locales. Su llamado final conecta la lucha con el pulso democrático: «Si usted se fija no son casos aislados y tiene una peculiaridad, mucho de estos estados de los estados con estos gobernadores caciques» sentenció Moreira Valdéz.
