La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha levantado una seria objeción contra la inclusión de un transitorio de retroactividad en la Ley de Amparo aprobada por el Senado, una modificación que, a su juicio, contraviene expresamente lo estipulado en la Constitución. Con firmeza, la mandataria ha exigido un respeto irrestricto a la Carta Magna, subrayando la supremacía del marco legal fundamental. Sheinbaum indicó que ahora será responsabilidad de la Cámara de Diputados realizar una revisión exhaustiva de esta adición. Si los legisladores optaran por mantener el controvertido transitorio, la presidenta insistió en que es imprescindible que el texto «tiene que dejar claro que queda a salvo la retroactividad establecida en la Constitución y a que se refiere ese transitorio para que no haya ningún problema en la aplicación de la ley», buscando con ello mitigar cualquier posible conflicto jurídico o interpretación errónea.

La jefa del Ejecutivo aclaró que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo que su gobierno envió al Congreso «no tenía este agregado que le hicieron en el Senado». Hizo un llamado a la observancia de la Constitución, la cual, enfatizó, «establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución y ese cambio establezca las condiciones para contratos previos u otras acciones». Insistió en que en las leyes ordinarias «no puede haber retroactividad y hay que respetar la Constitución». Sheinbaum manifestó su extrañeza por la incorporación de este transitorio que dicta que, a partir de la aprobación de la ley, las nuevas disposiciones deben aplicarse de inmediato, cuestionando su verdadera necesidad y la finalidad detrás de su inclusión, si bien con la salvedad de no ser abogada de profesión.

La mandataria aseguró que la Ley de Amparo, en su esencia, no altera los principios constitucionales. En su intervención, citó tres de los principales cambios que su iniciativa original proponía. Estos incluyen una significativa reducción de los tiempos en tribunales, buscando agilizar la resolución de casos comerciales y de deudas fiscales, lo que representaría un avance en la eficiencia del sistema judicial. Asimismo, especificó que en situaciones de presunción de lavado de dinero, no procederá la suspensión ante el congelamiento de cuentas hasta que el fondo del asunto sea resuelto, priorizando la acción contra este delito financiero. Un tercer cambio relevante es que, cuando se aplica una resolución de la Corte, no se permitirá una suspensión inmediata, sino hasta la conclusión del proceso final; además, si un juez otorga una suspensión, el deudor deberá depositar en garantía la cantidad adeudada al fisco. «No tengo conocimiento de por qué el Senado o la comisión del Senado incorporó este transitorio», reiteró la presidenta, reafirmando su postura. «Desde mi punto de vista tiene que garantizarse que los juicios que hoy están en amparo, que no han llegado a la corte y que no representan un nuevo juicio de amparo, tienen que seguir con las leyes anteriores porque ya es un procedimiento previo, no hay retroactividad en las leyes», argumentó. El tema clave, según Sheinbaum, son «los nuevos amparos, aunque sea un caso del pasado; si es un nuevo amparo, pues entonces se aplica la nueva ley. Ese es mi punto de vista, pero ahora que vaya a la Cámara de Diputados tendrán que revisar». Mencionó que hoy, en el gabinete de seguridad, consultó a la consejera jurídica, Ernestina Godoy, quien le informó que «iban a revisar» la situación. Sheinbaum concluyó enfatizando que «es un asunto de garantizar la no retroactividad, como establece claramente la Constitución, más allá de si se consultó o no», dejando claro que la observancia de los principios constitucionales es innegociable.