En un episodio que redefine la relación entre el Estado mexicano y sus raíces ancestrales, el pueblo Guarijío de Sonora ha trasladado su exigencia de justicia al máximo tribunal del país. Este movimiento, encabezado por gobernadores tradicionales como Héctor Zaira Enríquez de la comunidad de Macoragui, busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establezca un criterio definitivo sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada. El núcleo de la controversia radica en la transición de las comunidades originarias de ser simples «objetivos de programas sociales» a consolidarse como sujetos de derecho público. Para los líderes indígenas, este cambio constitucional no puede ser solo retórico; debe traducirse en la capacidad real de decidir sobre cualquier proyecto que impacte sus tierras y su futuro socioambiental.
La inconformidad en Sonora no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de años de promesas incumplidas en el marco de los denominados «Planes de Justicia». Mientras que el pueblo Yaqui ha recibido inversiones que superan los 18 mil millones de pesos, el pueblo Guarijío-Makurawe ha visto un flujo de recursos significativamente menor, con apenas 435.7 millones reportados en periodos recientes. Sin embargo, para las autoridades tradicionales, el problema central no es solo la cuantía del recurso, sino la ejecución del mismo. Denuncian que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha operado con un enfoque asistencialista que omite la participación directa de las comunidades en el diseño de las obras de vivienda, agua y caminos. El plantón que sostuvieron durante meses en San Bernardo es el reflejo de una desatención institucional que, aseguran, ha vulnerado su autonomía y libre determinación.
Desde una perspectiva jurídica, el caso que ahora enfrenta el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz es fundamental para la interpretación del Parlamento Abierto y la participación ciudadana. La Constitución de Sonora y la jurisprudencia de la SCJN ya establecen que la consulta indígena es un requisito procedimental obligatorio cuando una norma impacta de manera específica a estos grupos. No obstante, los Guarijíos argumentan que existe una brecha crítica entre la legalidad y la práctica en el territorio. La regularización de tierras para familias en Macoragui es vista apenas como un primer paso; la verdadera demanda es que ninguna decisión que toque la vida de los pueblos originarios se tome a puerta cerrada. Este litigio promete sentar las bases de una nueva gobernanza indígena en México, donde el territorio sea el espacio sagrado donde se genere autonomía real y no solo un concepto en el discurso oficial.
