La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría intervenir en el caso relacionado con las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual, Quintana Roo, luego de que ciudadanos y la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) solicitaran al máximo tribunal del país atraer los recursos de queja vinculados con este proceso.
La petición busca que la Corte establezca por primera vez criterios sobre el alcance del acceso a la justicia ambiental frente a cambios en programas de planeación urbana que podrían generar afectaciones a los ecosistemas y a las comunidades. El equipo jurídico de DMAS señaló que el caso representa una oportunidad para definir cómo debe protegerse el derecho humano a un medio ambiente sano ante decisiones de desarrollo territorial.
La abogada Mónica Huerta informó que la solicitud fue presentada el pasado 9 de junio ante la Presidencia de la Suprema Corte, con el objetivo de que sean revisados tres recursos de queja relacionados con las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual.
Buscan que la Corte revise amparos sobre el desarrollo de Mahahual
De acuerdo con la organización ambiental, los recursos de queja identificados como 76/2026, 112/2026 y 113/2026 se encuentran actualmente ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Quintana Roo y derivan de los juicios de amparo 57/2026, 129/2026 y 134/2026.
Los ciudadanos que promovieron estos recursos argumentan que los cambios al Programa de Desarrollo Urbano podrían tener consecuencias sobre el entorno natural de Mahahual. Sin embargo, hasta ahora no han logrado que sus planteamientos sean analizados a fondo debido a resoluciones que determinaron de manera distinta la naturaleza jurídica de los actos reclamados, lo que llevó al desechamiento de sus demandas.
Ante esta situación, DMAS considera que la intervención de la Suprema Corte permitiría resolver una problemática que va más allá del caso específico de Mahahual y establecer reglas claras para futuros conflictos ambientales relacionados con planes de desarrollo urbano en México.
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Un precedente para la justicia ambiental en México
La solicitud presentada ante la SCJN sostiene que el caso reúne los requisitos constitucionales de interés y trascendencia necesarios para que el máximo tribunal del país pueda atraerlo.
Entre los puntos que se busca que la Corte analice se encuentra el alcance del derecho humano a un medio ambiente sano frente a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, así como el reconocimiento del interés legítimo de las comunidades para impugnar decisiones de planeación territorial cuando consideren que pueden afectar su entorno.
La organización también plantea la necesidad de establecer criterios sobre los plazos para acceder al juicio de amparo en materia ambiental, bajo una interpretación que garantice un acceso efectivo a la justicia conforme a la Constitución mexicana y al Acuerdo de Escazú.
Además, se busca definir la aplicación de principios fundamentales del derecho ambiental, como el principio precautorio, que establece la necesidad de actuar ante posibles riesgos ecológicos aunque no exista certeza científica absoluta; el principio de participación ciudadana y el principio “in dubio pro natura”, que establece que ante la duda debe favorecerse la protección de la naturaleza.
Comunidades buscan mayor participación en decisiones territoriales
El caso de Mahahual refleja una discusión más amplia sobre el crecimiento urbano y la protección de ecosistemas en distintas regiones del país. Para los ciudadanos que promovieron los amparos, las decisiones relacionadas con el uso del territorio deben considerar no solo factores económicos, sino también sus posibles impactos ambientales y sociales.
DMAS señaló que una resolución de la Suprema Corte podría convertirse en una referencia nacional para comunidades que enfrentan situaciones similares, al establecer los límites y obligaciones de las autoridades al modificar instrumentos de planeación urbana.
La organización ambiental confía en que el análisis del máximo tribunal permita fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y garantizar que los proyectos de desarrollo respeten el equilibrio ecológico y los derechos de las comunidades.
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