La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que cumplió con su responsabilidad institucional tras comparecer ante la Fiscalía General de la República y afirmó que fue citada en calidad de testigo con la intención de construirle un caso penal.
A su salida de las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad de México, la mandataria estatal declaró ante medios de comunicación: “Yo hice mi trabajo”, al referirse a las acciones de seguridad implementadas durante su administración en coordinación con autoridades de distintos niveles.
La comparecencia se relaciona con investigaciones derivadas de un operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde presuntamente participaron agentes estadounidenses y se detectó un supuesto narcolaboratorio.
El caso ha provocado una fuerte confrontación política entre el gobierno federal y dirigentes del Partido Acción Nacional, quienes acusan un uso político de las instituciones de justicia.
Maru Campos sostuvo que la investigación busca desacreditarla políticamente y reiteró que las acciones emprendidas en materia de seguridad se realizaron dentro del marco legal y con el objetivo de combatir al crimen organizado en la entidad.
Durante su llegada a la sede de la Fiscalía, la gobernadora fue acompañada por legisladores, dirigentes y militantes del PAN, quienes manifestaron públicamente su respaldo.
Entre ellos destacó la presencia del dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, quien previamente denunció una supuesta persecución política por parte de la llamada Cuarta Transformación contra gobiernos opositores.
En videos difundidos en redes sociales se observa a Campos arribando a las instalaciones de la FGR mientras simpatizantes y miembros del partido expresaban apoyo a la mandataria estatal.
El operativo bajo investigación generó controversia debido a la presunta participación de corporaciones estadounidenses en territorio mexicano, particularmente en tareas relacionadas con combate al narcotráfico y seguridad fronteriza.
Desde el gobierno federal se ha insistido en que las investigaciones buscan esclarecer posibles irregularidades y deslindar responsabilidades sin importar cargos públicos o afiliaciones partidistas.
Sin embargo, dirigentes panistas sostienen que el caso forma parte de una estrategia de presión política contra figuras de oposición que han cuestionado decisiones del gobierno federal.
La gobernadora de Chihuahua reiteró que acudirá a cualquier llamado de las autoridades y defendió la actuación de su administración frente a los problemas de violencia que enfrenta el estado.
El tema también ha abierto debate sobre los límites de la colaboración internacional en materia de seguridad, particularmente en entidades fronterizas donde existen acuerdos y coordinación constante con agencias estadounidenses.
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha informado sobre posibles imputaciones formales contra la mandataria estatal ni sobre avances específicos en la carpeta de investigación.
Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones políticas y mediáticas a nivel nacional, en un contexto marcado por tensiones entre el oficialismo y gobiernos estatales encabezados por partidos de oposición.
