La Presidencia de la República ha dado un paso histórico en la lucha contra la violencia de género con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política en materia de feminicidio. Esta modificación constitucional otorga al Congreso de la Unión la facultad y la obligación de expedir una Ley General para prevenir, investigar y sancionar este delito. Con esta nueva normativa, México podrá establecer por primera vez un protocolo de actuación y un catálogo de sanciones únicas. Estos deberán aplicarse de manera uniforme en todas las entidades federativas. Por lo tanto, se eliminarán las discrepancias jurídicas que actualmente obstaculizan la justicia para las mujeres.
El decreto establece un plazo de 180 días naturales para que los legisladores federales emitan la legislación general correspondiente. Durante este periodo de transición, las disposiciones legales vigentes, tanto a nivel federal como en los estados, continuarán aplicándose con normalidad hasta que la nueva Ley General entre en vigor. El objetivo central de esta reforma es homologar los criterios de tipificación del feminicidio a nivel nacional. Este esfuerzo sigue el modelo de éxito de otras leyes generales que ya operan en el país para delitos de alto impacto, como el secuestro, la desaparición forzada de personas, la trata de seres humanos y la tortura.
La reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional ahora estipula de forma explícita que las leyes generales establecerán, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materias que incluyen no solo el feminicidio, sino también otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión y delitos electorales. Este cambio estructural es el resultado de un amplio consenso político iniciado el pasado 21 de abril. Ese día la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con el respaldo de todas las bancadas partidistas. Posteriormente, la minuta fue enviada a los estados. Así, logró la ratificación de 27 congresos locales en un tiempo récord, lo que demuestra la urgencia nacional por atender la crisis de violencia feminicida.
Con esta publicación, el Estado mexicano busca cerrar las brechas de impunidad que se generaban por las diferencias entre los códigos penales estatales. Al contar con sanciones únicas y protocolos de investigación estandarizados, se espera que los ministerios públicos y jueces tengan herramientas más claras para procesar a los responsables. La Ley General de Feminicidio se perfila como la pieza jurídica más importante de la última década para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Además, garantiza que el acceso a la justicia no dependa del código penal del estado donde se cometa el crimen. A partir de ahora, dependerá de un estándar nacional de protección y rigor legal.
