La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha emitido una alerta vinculante a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, la Fiscalía General de la República y gobiernos locales, instruyendo la suspensión inmediata de cualquier relación comercial con la empresa HIMA Promotions, S.A. de C.V. A través de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la autoridad federal ordenó abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos con esta persona moral en materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública. Esta medida responde a una serie de irregularidades detectadas en los procesos de contratación y cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en el país.
La sanción fue originada por el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instancia que determinó la inhabilitación de la empresa por un periodo de un año, el cual comienza a correr a partir de este jueves. La restricción prohíbe que HIMA Promotions participe en procesos de licitación ya sea por sí misma o a través de terceros (interpósita persona). Además de la exclusión del padrón de proveedores, la empresa ha sido acreedora a una multa económica. La Secretaría Anticorrupción fue enfática al señalar que, si al término del año de inhabilitación la multa no ha sido liquidada en su totalidad, el veto para celebrar contratos con el gobierno subsistirá de manera indefinida hasta que se realice el pago correspondiente.
Cabe destacar que los antecedentes de HIMA Promotions ya habían generado alertas de seguridad sanitaria. El pasado 10 de abril de 2024, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) incluyó a esta compañía, con sede en Veracruz, en su listado oficial de distribuidores irregulares de medicamentos. Según los reportes de la autoridad sanitaria, la empresa incumplió con los estándares de regulación necesarios para garantizar la calidad y seguridad de los insumos médicos distribuidos, lo que representaba un riesgo potencial para la salud de los derechohabientes del sector público. Esta reincidencia en faltas administrativas y sanitarias ha derivado en la sanción ejemplar que hoy se oficializa.
La resolución publicada en el DOF subraya el compromiso de la actual administración por limpiar las cadenas de suministro de medicamentos y servicios de salud. Con esta inhabilitación, el gobierno federal busca enviar un mensaje de cero tolerancia hacia los proveedores que comprometen la integridad del erario público o la seguridad de los pacientes. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará supervisando que los contratos regulados por las leyes de adquisiciones y obras públicas se asignen únicamente a empresas que cumplan con la ética comercial y los requisitos legales. La vigilancia se mantiene activa sobre otros distribuidores del sector farmacéutico para asegurar que los recursos destinados a la salud se utilicen de forma transparente y segura.
