En una sesión histórica que apenas duró cinco minutos pero que representa años de lucha social, la Cámara de Diputados realizó la declaratoria oficial de la reforma constitucional al artículo 73. Este cambio faculta formalmente al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de feminicidio. Así, permitirá establecer un protocolo de investigación y sanciones únicas en todo el territorio nacional. Es un paso clave para tener el Delito de Feminicidio: Un Protocolo Nacional Único. La declaratoria se dio tras el cómputo de 27 congresos locales que avalaron la enmienda. De esta manera, se cumplió con el requisito de la mayoría de las legislaturas estatales para modificar nuestra Carta Magna.
El trámite legislativo, encabezado por la Secretaría de la Mesa Directiva, confirmó el respaldo masivo de los estados, desde Aguascalientes y Baja California hasta Yucatán y la Ciudad de México. Con esta reforma, se pone fin a la dispersión jurídica que permitía que un mismo crimen fuera tipificado y sancionado de manera distinta dependiendo de la frontera estatal donde ocurriera. Sin criterios unificados, el país ha enfrentado durante años un obstáculo para la justicia. Además, esto ha facilitado la impunidad y la revictimización de las familias de las mujeres asesinadas por razones de género. Así, el Delito de Feminicidio: Un Protocolo Nacional Único será una herramienta fundamental para abordar estas problemáticas.
La reforma al artículo 73 constitucional, fracción XXI, inciso A, es el cimiento para una nueva arquitectura de justicia penal en México. Al establecer una ley general, se podrá obligar a todas las fiscalías del país a seguir los mismos estándares científicos y de perspectiva de género desde el primer minuto del hallazgo de una víctima. Este protocolo nacional único es vital para evitar la pérdida de pruebas. Además, garantiza que las sentencias sean proporcionales a la gravedad del delito, eliminando lagunas legales que actualmente son aprovechadas por las defensas de los agresores. De este modo, el Delito de Feminicidio: Un Protocolo Nacional Único será una garantía de mayor justicia y equidad en todo el país.
De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma, el Congreso de la Unión tiene un plazo de 180 días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para expedir la nueva legislación de carácter general. Mientras este proceso se completa, las leyes federales y estatales vigentes sobre feminicidio continuarán operando para evitar cualquier vacío legal. Este periodo de seis meses será crucial para la construcción de una norma que recoja las mejores prácticas internacionales y las demandas de los colectivos de víctimas que han impulsado esta agenda por décadas. Por último, el Delito de Feminicidio: Un Protocolo Nacional Único contribuirá a la protección de derechos y la reparación del daño.
La importancia de este paso legislativo radica en la creación de una «vara de medir» única para la justicia. Actualmente, los tipos penales de feminicidio varían tanto que en algunas entidades es más difícil acreditar las razones de género que en otras. La nueva ley general buscará estandarizar estas definiciones, así como las penas mínimas y máximas. Así, se asegurará que un feminicida en Chiapas reciba el mismo castigo que uno en Sonora. Además, se espera que la ley incluya lineamientos estrictos para la reparación del daño y la protección de los hijos de las víctimas. Estos hijos, a menudo, quedan en el desamparo.
Con el expediente enviado al Senado para la conclusión de su trámite, México se encamina a tener, en este mismo 2026, la herramienta jurídica más potente de su historia contra la violencia feminicida. La declaratoria del artículo 73 constitucional es el triunfo de la política sobre la burocracia, demostrando que existe un consenso nacional para enfrentar la emergencia de género. El reto ahora será la implementación: que la ley no se quede en el papel y que el Congreso dote de presupuesto suficiente a las instituciones para que este protocolo único se convierta en una realidad operativa en cada agencia del Ministerio Público del país.
