Un amplio operativo conjunto entre autoridades federales y estatales derivó en la inspección de 94 centros de rehabilitación conocidos como “anexos” en el Estado de México. De esos 94 centros, 53 fueron asegurados por su probable relación con hechos delictivos. Se trató de una de las intervenciones más relevantes en este tipo de establecimientos en la entidad.
Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con instancias como la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Protección Civil, la Comisión de Búsqueda de Personas y el sistema DIF estatal. Además, contaron con el respaldo de fuerzas federales como la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad.
De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo se realizó en el marco de la estrategia estatal para la prevención y atención de adicciones. Dicha estrategia es impulsada por el gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez. El objetivo es garantizar que estos espacios operen bajo condiciones legales, seguras y dignas.
Durante las inspecciones, se detectaron múltiples irregularidades: desde condiciones insalubres, hacinamiento y alimentos en mal estado, hasta la ausencia de expedientes clínicos y personal sin certificación para atender a personas con adicciones. En varios casos, los centros operaban dentro de casas o bodegas. Esto dificultaba su supervisión y favorecía posibles actividades ilícitas.
Uno de los hallazgos más graves fue que muchas personas se encontraban internadas en contra de su voluntad. Esto podría constituir delitos como privación ilegal de la libertad. Además, se documentaron prácticas de violencia física y psicológica, así como presuntos cobros excesivos a familiares. Incluso se registraron situaciones con características de extorsión.
El despliegue permitió la liberación y reubicación de mil 599 personas que se encontraban en los centros asegurados. De ellas, mil 518 fueron reintegradas con sus familias. Asimismo, 80 fueron canalizadas a espacios que cumplen con la normatividad y una más solicitó su salida voluntaria al no contar con redes de apoyo.
En paralelo, se reportó la detención de ocho trabajadores en distintos municipios. Estos trabajadores presuntamente estaban implicados en delitos como secuestro y privación de la libertad. Entre los casos más relevantes, en Ecatepec fueron liberados menores de edad que se encontraban amarrados. Por otro lado, en Naucalpan se rescataron personas que permanecían retenidas contra su voluntad.
Asimismo, se cumplimentó una orden de aprehensión contra una interna identificada como probable responsable de un delito de secuestro.
Las investigaciones también revelaron que algunos de estos centros podrían haber sido utilizados como refugio por integrantes de grupos delictivos. Además, pudieron haber servido como espacios para reclutar personas en actividades ilícitas. Esto refuerza la gravedad de las irregularidades detectadas.
Datos de la propia Fiscalía indican que, entre julio de 2025 y marzo de 2026, se han iniciado al menos 152 carpetas de investigación relacionadas con delitos cometidos en este tipo de establecimientos. Dichos delitos incluyen homicidio, trata de personas, abuso sexual y desaparición.
Las autoridades señalaron que esta intervención busca no solo sancionar irregularidades, sino también ordenar el funcionamiento de los centros de rehabilitación. Así se garantiza que operen bajo estándares legales, sanitarios y de respeto a los derechos humanos.
Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa en estos espacios. Esto se realiza como parte de un esfuerzo integral para erradicar prácticas ilegales y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.
