En el Estado de México se perfila un cambio significativo en la forma en que las instituciones públicas atienden a uno de los sectores más importantes de la población. En comisiones unidas de la LXII Legislatura del Estado de México, fue avalada una reforma que establece que las personas adultas mayores deberán recibir atención preferente, digna y expedita en todos los trámites, servicios y procedimientos. Estas obligaciones aplican para los servicios que ofrecen las dependencias estatales, los ayuntamientos y sus organismos auxiliares.
La propuesta impulsada por el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida plantea que las autoridades implementen mecanismos visibles, accesibles y funcionales que permitan garantizar este derecho de manera efectiva. Además, la iniciativa subraya que dichas acciones deberán desarrollarse conforme a las atribuciones de cada institución. Sin que esto represente un incremento en el presupuesto autorizado, lo que obliga a optimizar recursos existentes y mejorar la organización interna.
La reforma contempla modificaciones a la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, con el objetivo de reforzar el marco jurídico que protege a este sector. Más allá de un ajuste normativo, la propuesta busca traducir los derechos en acciones concretas dentro de la atención cotidiana. Todo esto se desarrollará dentro de la atención que brindan las oficinas públicas.
Durante la discusión, el legislador promovente señaló que, en la práctica, muchas personas adultas mayores enfrentan obstáculos como largas filas, tiempos de espera prolongados, falta de orientación adecuada y condiciones que no siempre consideran sus necesidades físicas o de movilidad. Por tanto, estas situaciones, afirmó, evidencian una brecha entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la experiencia diaria de los usuarios.
Se destacó que en la entidad existen alrededor de 2.3 millones de personas adultas mayores, lo que convierte este tema en un desafío relevante para la administración pública. En este contexto, garantizar una atención adecuada no solo implica una mejora administrativa. También implica un reconocimiento a los derechos y a la dignidad de este sector poblacional.
Por su parte, la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez consideró que la iniciativa responde a una lectura acertada de la realidad social, al señalar que si bien los derechos están reconocidos en la norma, muchas veces no se reflejan en la práctica institucional. En ese sentido, afirmó que la reforma contribuye a ordenar y fortalecer la manera en que el Estado interactúa con las personas adultas mayores.
De igual forma, la diputada María José Pérez Domínguez expresó que esta medida será de gran utilidad para quienes requieren realizar trámites. Especialmente en un entorno donde cada vez más procesos migran a plataformas digitales, lo que puede representar una barrera para este grupo poblacional.
En tanto, el legislador Israel Espíndola López destacó que esta reforma representa un acto de justicia y reconocimiento hacia quienes han contribuido al desarrollo del país. Al priorizar su atención se ve como una forma de respeto, agradecimiento y dignificación.
Con esta aprobación en comisiones, la iniciativa avanza en el proceso legislativo y abre paso a un modelo de atención más incluyente, enfocado en los derechos humanos y en la mejora de la experiencia ciudadana. Por otro lado, la reforma también busca armonizar el marco jurídico y evitar la dispersión normativa, consolidando criterios claros para la atención de las personas adultas mayores.
En conjunto, esta propuesta apunta a transformar la relación entre gobierno y ciudadanía. Además promueve una administración pública más humana, accesible y sensible a las necesidades de quienes han sido pieza clave en la construcción social, económica y comunitaria del Estado de México.
