El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) comenzó los trabajos preliminares para elaborar una propuesta de nuevo Código Penal estatal. El objetivo es contar con un marco jurídico más operativo y moderno. Además, busca que sea acorde a las necesidades actuales del sistema de justicia. Este podría socializarse y aprobarse en 2027.
Así lo informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García. Además, señaló que durante este año se prevé iniciar la construcción de un anteproyecto que permita replantear de fondo la legislación penal. Con esto dejarán atrás reformas parciales y construirán una norma completamente nueva.
Un nuevo marco legal desde cero
El magistrado explicó que, aunque en años anteriores se presentaron propuestas de reforma al Código Penal, las condiciones actuales del sistema de justicia requieren una revisión integral. Por ello, la intención es diseñar un nuevo ordenamiento desde sus bases. Esto facilitaría su aplicación práctica y mejoraría la eficiencia en la procuración e impartición de justicia.
De acuerdo con el Poder Judicial mexiquense, uno de los principales retos es lograr un equilibrio entre la persecución efectiva del delito, la protección de los derechos humanos y la optimización de recursos institucionales. Así, permitiría una respuesta más clara y ordenada a las problemáticas de seguridad y justicia en la entidad.
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Mesas de Paz, clave en el rediseño penal
Macedo García detalló que este tema ha sido abordado dentro de las Mesas de Paz, espacios de coordinación interinstitucional donde participan autoridades estatales, federales y judiciales. También participan representantes del gabinete del Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
En estos foros se han generado propuestas relevantes, como la creación del llamado juzgado libre. Además, se han dado reflexiones sobre cómo reorganizar el sistema penal para responder de forma más eficaz a los distintos tipos de delitos. El magistrado destacó que la elaboración de un nuevo Código Penal no es únicamente un interés del Poder Judicial. Por el contrario, es una decisión de política pública orientada al fortalecimiento de la seguridad y la justicia social.
Reordenar delitos por su impacto social
Uno de los ejes centrales del nuevo planteamiento sería la clasificación de delitos según su impacto. El fin es distribuir mejor las responsabilidades institucionales. En este esquema, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México atendería los delitos de alto impacto. Mientras tanto, la policía estatal atendería los de impacto medio y las corporaciones municipales, aquellos de menor impacto social.
Este enfoque permitiría optimizar recursos, reducir cargas innecesarias y agilizar los procesos. Al mismo tiempo, se garantiza una atención diferenciada según la gravedad de cada conducta delictiva.
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Despresurizar el ámbito penal
Otro de los objetivos centrales es despresurizar el sistema penal, retirando ciertos delitos de la vía penal para fortalecer la justicia civil y familiar. Igualmente, se fortalecerían los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y la conciliación.
El presidente del Poder Judicial señaló que este rediseño permitiría que los jueces penales concentren su atención en los casos de mayor gravedad. Mientras tanto, otros conflictos se resolverían por vías más ágiles, restaurativas y menos costosas para el Estado y para las personas involucradas.
Meta: socialización y aprobación en 2027
Macedo García estimó que durante 2026 podría consolidarse el anteproyecto del nuevo Código Penal. En 2027 se abriría un proceso de socialización pública con participación de especialistas, académicos, organizaciones civiles y operadores del sistema de justicia. Esto sería previo a su eventual aprobación por el Congreso local.
“Estamos en tiempo. Espero que este año se elabore el proyecto y el siguiente se socialice y apruebe el nuevo Código Penal del Estado de México”, concluyó el magistrado.
Con esta iniciativa, el Poder Judicial busca sentar las bases de una legislación penal más clara, eficiente y cercana a la realidad social de la entidad. Todo esto ocurre en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la seguridad pública, la justicia accesible y la confianza ciudadana en las instituciones.
