El Congreso del Estado de México aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma que fortalece el marco jurídico para enfrentar este delito mediante mecanismos especializados de prevención, investigación y persecución penal, así como la creación de una fiscalía especializada y un centro estatal de atención a denuncias.
El diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense, explicó que, aunque se derogó la regulación de la extorsión del Código Penal estatal, el delito continuará sancionándose conforme a la ley general en la materia, en armonía con el modelo federal de homologación del tipo penal en todo el país.
⚖️ Persecución de oficio y atención especializada
Uno de los principales avances de la nueva legislación es que la extorsión, incluida su modalidad conocida como “cobro de piso”, se perseguirá de oficio, lo que permitirá a las autoridades investigar los casos incluso cuando las víctimas no ratifiquen su denuncia, una situación frecuente debido al temor, amenazas o desconfianza hacia las instituciones.
Asimismo, se crea la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, además del Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, instancias que brindarán acompañamiento integral, darán seguimiento puntual a los casos y contribuirán a reducir la llamada “cifra negra”, es decir, los delitos que no se denuncian o no se investigan.
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🛡️ Armonización con la estrategia nacional
El legislador recordó que estas acciones se alinean con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada por el Gabinete de Seguridad Federal en julio de 2025, así como con la reforma constitucional publicada en octubre del mismo año, mediante la cual el Congreso de la Unión fue facultado para expedir una ley general que homologara este delito en todo el país.
En este contexto, la ley mexiquense establece una ruta clara para fortalecer la actuación institucional, mejorar los procesos de investigación y reforzar las capacidades de prevención, en coordinación con autoridades federales y municipales.
📊 Plazos para su implementación
Una vez publicada en la Gaceta de Gobierno, la nueva legislación fija plazos específicos para su ejecución. El Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión deberá instalarse en un periodo no mayor a 60 días naturales; la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contará con 45 días hábiles para crear y poner en operación la fiscalía especializada, mientras que la Secretaría de Seguridad tendrá hasta 180 días naturales para establecer la Estrategia Estatal contra la extorsión.
Además, los centros penitenciarios dispondrán de 150 días hábiles para inhibir las llamadas telefónicas, de radiocomunicación o transmisión de datos, una de las principales fuentes de extorsión, y se autorizarán adecuaciones presupuestales para asegurar la implementación efectiva de estas medidas.
📌 Protección a familias y comercios
Francisco Vázquez subrayó que estas reformas responden a la coordinación entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo estatal y el gobierno federal, con el objetivo de proteger a las familias y unidades económicas, fortalecer la seguridad pública y reducir de manera sostenida la incidencia del delito de extorsión en la entidad.
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