El Estado de México reportó una reducción histórica del 16% en los casos de acoso sexual durante los primeros diez meses de 2025, una cifra que posiciona a la entidad con la mayor disminución a nivel nacional, de acuerdo con datos recientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Una disminución sostenida respaldada por cifras oficiales
Entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron 2,450 carpetas de investigación por acoso sexual, contra las 2,926 registradas en el mismo periodo de 2024, lo que representa una diferencia de 476 casos menos. Esta tendencia contrasta con el comportamiento nacional, donde la mayoría de los estados mantienen cifras estables o incluso al alza.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que esta baja responde a acciones coordinadas entre dependencias, así como a la reforma reciente al Código Penal mexiquense, aprobada por el Congreso local, la cual endurece sanciones y elimina prácticas que previamente limitaban el acceso a la justicia.
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Reformas clave para combatir el acoso sexual
La reforma elimina la condición de reincidencia que impedía sancionar una primera agresión, permitiendo que cualquier acto de acoso sexual pueda ser castigado, sin importar si ocurrió una sola vez.
Además, se creó un nuevo tipo penal dirigido a servidores públicos —incluidos policías y Ministerios Públicos— que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o traten de disuadir a las víctimas. Las sanciones pueden llegar hasta 12 años de prisión cuando el agresor actúe de forma reiterada o aproveche condiciones de desventaja o vulnerabilidad de la víctima.
Programas para fortalecer la seguridad de las mujeres
Para complementar los cambios legales, los tres órdenes de gobierno avanzan en estrategias integrales desde la Mesa de Paz, reforzando entornos urbanos y de movilidad mediante programas como:
- Caminemos Seguras,
- Senderos Seguros,
- Nos Movemos Seguras,
los cuales tienen como objetivo garantizar rutas seguras, mejorar la iluminación, reforzar vigilancia y asegurar condiciones de libre tránsito para mujeres, niñas y población en general.
Una política pública con impacto social directo
De acuerdo con especialistas en seguridad y organizaciones civiles, la baja en incidentes podría relacionarse tanto con la mayor visibilidad del delito como con la simplificación de rutas para denunciar, pues ahora las víctimas enfrentan menos barreras institucionales y un marco legal más estricto.
El gobierno mexiquense reiteró su compromiso de mantener acciones de prevención, atención y justicia con perspectiva de género, destacando que aún hay retos por resolver, pero que los avances de 2025 representan un paso firme hacia entornos más seguros.
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