En una acción firme y sin precedentes, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió al Congreso mexiquense una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México que endurece las sanciones por acoso sexual, elimina la necesidad de reincidencia para castigar el delito y establece penas para servidores públicos que se nieguen a recibir denuncias.
La propuesta se presenta en el marco y respaldo del Plan Integral contra el Abuso Sexual, anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es fortalecer la atención, procuración de justicia y protección hacia las víctimas.
Castigo desde la primera denuncia
La iniciativa elimina la condición de reincidencia, de modo que todo acto de acoso sexual será sancionable desde la primera denuncia, sin importar el lugar donde ocurra: espacios públicos, instalaciones o transporte público.
Además, se incrementan las penas hasta en una mitad cuando el delito se cometa aprovechando una situación de vulnerabilidad o riesgo para la víctima.
Responsabilidad para policías y ministerios públicos
Por primera vez, se tipifica un nuevo delito que castiga a servidores públicos —como policías y ministerios públicos— que intimiden, disuadan o se nieguen a recibir denuncias.
En estos casos, se impondrán penas de dos a seis años de prisión, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un periodo igual a la condena.
Justicia con perspectiva de género
El decreto establece que toda interpretación del delito deberá incorporar la perspectiva de género y considerar los contextos de vulnerabilidad de la víctima, garantizando un acceso real y efectivo a la justicia.
Con esta reforma, el Gobierno del Estado de México refuerza su compromiso con una sociedad más justa y libre de violencia, donde las mujeres vivan con respeto, protección y dignidad.
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