El Gobierno del Estado de México endureció las sanciones contra la extracción, distribución y comercialización ilegal del agua, conocida como huachicoleo del agua, tras reformar el Código Penal mexiquense. Esta medida busca frenar una práctica que ha afectado el abasto en diversas comunidades y garantizar el acceso equitativo a este recurso vital.
Delito penado con prisión y fuertes multas
De acuerdo con el artículo 145 del Código Penal, quienes distribuyan o suministren agua sin autorización con fines de lucro podrían recibir hasta seis años de cárcel y multas que superan los 22 mil pesos. Además, se contemplan sanciones de tres años de prisión y más de 11 mil pesos de multa para quienes extraigan agua potable de la infraestructura pública sin concesión o permiso.
La aplicación de estas sanciones se refuerza mediante la Operación Caudal, estrategia impulsada por autoridades de los tres órdenes de gobierno para detectar y clausurar tomas clandestinas.
Operación Caudal: resultados y avance
En su primera fase, la Operación Caudal permitió clausurar 189 inmuebles, incluidos 51 pozos y 138 tomas ilegales, así como el aseguramiento de 322 pipas utilizadas para la venta irregular del líquido. Las investigaciones señalan que detrás de estas acciones operaban organizaciones con apariencia de sindicatos, que imponían precios y controlaban la distribución del agua en algunas zonas.
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Gobierno estatal busca restablecer el control legal
Con la intervención de la administración estatal encabezada por Delfina Gómez Álvarez, se pretende recuperar el control sobre el manejo del agua, fortaleciendo la participación de los organismos municipales y estatales en su distribución. Estas medidas garantizan que el suministro se realice conforme a la ley, beneficiando directamente a miles de familias mexiquenses.
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