El Gobierno del Estado de México garantiza el abasto de agua potable a los hogares mexiquenses, pese a los intentos de presión de grupos criminales que mantenían el control ilegal de pozos y pipas. A través de la “Operación Caudal”, implementada por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se logró desmantelar una red de extracción y distribución clandestina conocida como huachicol del agua.
“Operación Caudal”: acción coordinada en 48 municipios
El operativo, desplegado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, abarcó 48 municipios mexiquenses y resultó en la intervención de 189 inmuebles, de los cuales 51 eran pozos y 138 tomas de agua clandestinas. Además, se aseguraron 322 pipas empleadas para el transporte y venta irregular del recurso.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, estas acciones permitieron frenar el abuso de organizaciones que operaban bajo la fachada de sindicatos y asociaciones civiles, entre ellas la USON, la ACME, “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”. Dichos grupos controlaban el suministro de agua en varias regiones del Estado de México, imponiendo precios elevados y afectando la economía de miles de familias.
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Impacto económico del huachicol del agua
El costo oficial de 10 mil litros de agua es de 131 pesos, pero estas agrupaciones imponían sobrecostos de hasta +59% en Ecatepec, +41% en Cuautitlán, +32% en Tlalnepantla y +10% en Toluca, afectando de manera directa el gasto familiar y el derecho ciudadano al agua potable.
Este lunes, dichas organizaciones bloquearon vialidades principales en distintos puntos del Estado de México, generando afectaciones en la movilidad de trabajadores, estudiantes y personas con citas médicas. Las autoridades informaron que los bloqueos fueron una reacción ante la pérdida del control ilegal que mantenían sobre el abasto.
Con la “Operación Caudal”, el Gobierno mexiquense reafirma su compromiso de garantizar el acceso justo al agua y fortalecer la seguridad hídrica en la entidad.
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