Con el objetivo de otorgar certeza jurídica y fortalecer el derecho a la vivienda, los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez firmaron dos convenios de coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM).
El primer acuerdo, signado entre INSUS e Imevis, permitirá identificar zonas prioritarias, elaborar padrones de beneficiarios y entregar títulos de propiedad y escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad. Este esfuerzo busca garantizar seguridad jurídica a miles de familias mexiquenses que habitan en asentamientos irregulares.
El segundo convenio, entre INSUS e IGECEM, impulsará la incorporación de información geoespacial mediante vuelos fotogramétricos con aeronaves no tripuladas. Con esta herramienta se generarán mapas de alta resolución para localizar asentamientos irregulares, georreferenciar predios y apoyar los procesos de regularización.
Carlos Maza Lara, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, destacó que la suma de capacidades entre las instituciones reforzará el ordenamiento territorial, con especial atención en la zona oriente de la entidad. Subrayó que este esfuerzo se alinea con la visión de la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Gómez de reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de la población.
Por su parte, José Alfonso Iracheta Carroll, director general del INSUS, reconoció el compromiso del gobierno estatal para consolidar la estrategia federal de regularización de la tenencia de la tierra. A su vez, Jesús George Zamora, consejero jurídico del Estado de México, aseguró que los convenios representan un paso decisivo para garantizar el derecho a la vivienda y la seguridad sobre el patrimonio de las familias.
En representación de la Secretaría de Finanzas, Adrián Basilio Ortiz, director general de Inversión, señaló que este trabajo conjunto se impulsa desde hace años y que lo fundamental son los beneficios directos para la población.
Con estas acciones, el Gobierno de México y el del Estado de México refuerzan la política de vivienda social y dan certeza jurídica a miles de familias, contribuyendo a un desarrollo urbano ordenado y a la construcción de una sociedad más justa.
