Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades federales que actúen sin impunidad ante las denuncias por presunto desfalco en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la administración de Ana Gabriela Guevara. Los legisladores exigieron que no haya “carpetazo” en las investigaciones y que se proceda conforme a la ley por el manejo irregular de más de 186 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El diputado federal y vocero del PAN, Federico Döring, afirmó que el caso representa “una clara corrupción en el manejo de recursos que debieron destinarse al deporte y a las becas de atletas mexicanos”. El legislador insistió en que la FGR debe llegar “hasta las últimas consecuencias” para evitar que el expediente quede archivado sin sanciones judiciales.
De acuerdo con la ASF, desde 2020 se detectaron licitaciones no aclaradas, cobros indebidos de funcionarios para asignar contratos y anomalías en el pago de servicios como alimentación, gas LP, seguridad y espectáculos. El grupo parlamentario del PAN subrayó que estos hallazgos son parte de un patrón de corrupción dentro de la Conade y recordaron que los recursos públicos “no deben quedar en el olvido”.
Por su parte, el diputado Raúl Torres enfatizó que las “tranzas de los peces gordos” deben ser sancionadas, sin limitar las investigaciones a mandos medios. Exhortó al actual titular de la Conade, Rommel Pacheco, a colaborar con las autoridades y aportar información sobre el caso, independientemente de coincidencias ideológicas con su antecesora.
Ana Gabriela Guevara concluyó su gestión el 23 de septiembre de 2024 sin aclarar el destino de 626 millones de pesos observados por la ASF entre 2019 y 2022. De esa cantidad, 250 millones fueron declarados como pérdidas y dieron origen a denuncias penales por posibles desvíos, incluidos los del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).
Pese a la apertura de cuatro carpetas de investigación, ninguna ha derivado en procesos judiciales contra funcionarios o exfuncionarios. Los legisladores panistas exigieron que las autoridades no permitan la impunidad y se esclarezca el destino de los recursos públicos.
