La audiencia para la explicación de la sentencia contra María Guadalupe Martínez, mujer originaria de Temoaya, confirmó 50 años de prisión por el delito de secuestro, aunque ella asegura no haber cometido el crimen. Familiares, amigas y colectivos feministas denuncian irregularidades en el proceso y advierten que no se respetó la perspectiva de género ni sus derechos como mujer originaria.
Un proceso con antecedentes de violencia y acusaciones
María Guadalupe, exempleada doméstica y madre de familia, presentó en noviembre de 2021 una demanda por guardia, custodia y pensión alimenticia contra su expareja. Según su versión, esto derivó en acusaciones en su contra por abuso sexual, tentativa de homicidio y finalmente secuestro, iniciando una serie de procesos legales que su familia considera injustos.
“Comenzó mi peregrinar solo por exigir los derechos de mis hijos y no quedarme callada”, relató Guadalupe.
Tras ser víctima de violencia en 2016 y separarse de su pareja, sus hijos aún no reciben pensión alimenticia, mientras ella enfrenta procesos legales que consideran violatorios de sus derechos humanos. Durante audiencias previas no contó con traductor en su lengua materna, lo que su defensa denuncia como una violación al debido proceso.
Detención, libertad y lucha familiar
El 4 de julio de 2022, Guadalupe fue detenida y recluida en el penal del Altiplano, permaneciendo allí hasta mayo de 2024, cuando logró su libertad mediante un brazalete electrónico. Desde entonces, su familia ha acudido a instancias estatales y de Derechos Humanos para demostrar su inocencia, enfrentando obstáculos y falta de información.
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Protestas y exigencia de justicia
Familiares y mujeres otomíes se concentraron en los juzgados de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para exigir justicia y libertad para Guadalupe. Con pancartas y consignas, denunciaron la supuesta fabricación de pruebas y la negligencia del Estado en garantizar un juicio justo.
“No sabemos cómo una carpeta con tantas inconsistencias pudo avanzar. Lupita es trabajadora, humilde y solo quiso lo mejor para sus hijos”, expresó su hermana.
Su defensa tiene 10 días para apelar la resolución y llevar el caso a instancias federales, un proceso que implica mayor desgaste y gastos económicos, mientras la familia busca que se revise el caso con perspectiva de género.
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