El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México la creación de una Comisión Especial para la Revisión y Seguimiento del Aumento a la Tarifa del Transporte Público, ante la posibilidad de un incremento en el costo del servicio de 12 a 16 pesos por viaje. Para evitar “tarifazos” en transporte público del Edoméx; proponen comisión especial
La propuesta de Movimiento Ciudadano
La diputada Ruth Salinas Reyes presentó la iniciativa durante la sesión de la Diputación Permanente, señalando que cualquier ajuste en la tarifa debe estar justificado por la calidad del servicio y necesidades públicas, tal como establece el Código Administrativo del Estado de México. La legisladora enfatizó que los “tarifazos” solo afectan a la ciudadanía y no solucionan los problemas estructurales de movilidad.
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La propuesta detalla que muchas unidades presentan deficiencias graves: falta de higiene, inseguridad que propicia asaltos o acoso sexual, y condiciones que incrementan el riesgo de accidentes automovilísticos. Por ello, la creación de esta comisión permitiría un seguimiento más riguroso y transparente de cualquier ajuste en el pasaje.
Tarifas justas y movilidad accesible
Salinas subrayó la importancia de legislar tarifas preferenciales para estudiantes, personas adultas mayores y grupos vulnerables. Asimismo, destacó la necesidad de dar seguimiento a proyectos como Metromex y Mexibús, expandir líneas existentes en el Valle de México, y promover inversión en transporte público no concesionado.
Reformas estructurales
El GPMC también propone reformas a la Junta de Caminos del Estado de México para fortalecer infraestructura vial, ciclista y peatonal, además de combatir la corrupción y la operación de rutas irregulares. La legisladora enfatizó:
“Ya basta de cargarle siempre la mano a las y los ciudadanos; necesitamos una legislación integral que garantice movilidad accesible”.
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Esta propuesta se suma a la iniciativa presentada por el GPMC el 27 de febrero de 2025, que busca regular concesiones, subsidios y peajes en autopistas para proteger a los usuarios del transporte público.
