Bitácora del Poder | Naim Libien Abouzaid
En los últimos días, México ha acaparado titulares internacionales por un dato que, a primera vista, parece motivo de orgullo: registra una de las tasas de desempleo más bajas entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el informe más reciente, la tasa de desocupación se ubicó en 2.6% a finales de 2025, casi la mitad del promedio del organismo, que ronda el 5%. Este indicador coloca a México por debajo de potencias como Alemania o Estados Unidos, y solo por encima de Japón en términos de baja desocupación general.
Sin embargo, la estadística entusiasmada por algunos analistas y voceros oficiales —incluyendo a la presidenta de la República— es apenas un reflejo parcial de la realidad laboral en nuestro país. Porque al mismo tiempo que casi no hay personas desempleadas según la metodología oficial, la informalidad laboral sigue siendo estructural y dominante, constituyendo más de la mitad de las plazas laborales.
La informalidad sigue siendo el “elefante en la sala”
De acuerdo con datos del primer trimestre de 2025, aproximadamente 54.5% de la población ocupada trabaja en el sector informal, es decir, sin acceso a seguridad social, prestaciones legales ni estabilidad laboral. Esta cifra —que no ha variado de forma significativa en años— pone en cuestión el propio significado de la baja tasa de desempleo: muchas de las personas que estadísticamente “tienen trabajo” siguen laborando sin derechos ni protecciones, en condiciones que no garantizan ni estabilidad ni una vejez digna.
Es en este punto donde entra el debate más reciente: la propuesta de una jornada laboral de 40 horas semanales. En teoría, esta medida busca mejorar la calidad de vida del trabajador, equilibrar tiempos de trabajo y descanso, y apuntalar la productividad general. Aplaudir una implementación gradual de las 40 horas tiene sentido, sobre todo cuando se acompaña de incentivos orientados a no erosionar la competitividad de las empresas. Pero la pregunta de fondo es: ¿este cambio va de la mano con un entorno laboral formal y sólido o empuja a muchos más hacia la informalidad?
Pymes en la encrucijada
Las pequeñas y medianas empresas —el motor económico de México— enfrentan ya obstáculos importantes: acceso limitado a financiamiento, cargas fiscales crecientes y mercados presionados por competencia global. Añadir una reducción de la jornada sin incentivos claros para formalizar empleo, como créditos fiscales, subsidios temporales o programas de capacitación, puede traducirse en costos laborales mayores sin mejoras concomitantes en productividad. Peor aún, podría incentivar que más actividades se mantengan o migren hacia la informalidad, donde no hay cargas sociales ni inspecciones laborales estrictas.
La advertencia inevitable
Reducir la jornada es deseable si se acompaña de políticas integrales para formalizar empleo, elevar salarios reales y robustecer la productividad. Pero si lo que vemos es un cambio aislado, sin acompañamiento para las pymes ni incentivos reales para pasar de la informalidad a la formalidad, el resultado podría ser una ilusión estadística: bajo desempleo, pero más empleo precario.
México puede jactarse de cifras de desocupación atractivas, pero el verdadero progreso laboral no se mide solo en porcentajes, sino en trabajos con derechos, estabilidad y oportunidad real de desarrollo. Hasta ahora, eso sigue siendo una asignatura pendiente.
Que el resto del país tome nota.
