Bitácora del Poder por Naim Libien Abouzaid
- Cuando la protesta se vuelve chantaje
- El negocio detrás de la escasez
- La impunidad como costumbre
- El agua no se negocia
El reciente paro de piperos en el Estado de México dejó a millones de personas atrapadas en el tráfico, bajo el sol, sin poder llegar a su trabajo o a su casa. Carreteras colapsadas, vialidades cerradas y caos total. Todo por la llamada “Operación Caudal”, un operativo que busca frenar la extracción y distribución ilegal de agua potable en 48 municipios. El gobierno estatal intervino 189 inmuebles, 51 pozos y 138 tomas clandestinas, desmantelando una red que durante años lucró con un recurso que pertenece a todos: el agua.
Sin embargo, en lugar de celebrarse la defensa del bien común, surgieron bloqueos coordinados para presionar al gobierno. ¿Quién pierde? Los ciudadanos. ¿Quién gana? Los caciques del agua, que durante décadas han hecho del desabasto su negocio personal.
En muchos municipios mexiquenses, el suministro de agua depende más de las pipas que de la infraestructura pública. Esa dependencia ha creado un modelo perverso: mientras más escasez hay, más ganan quienes controlan las pipas y los pozos. Por eso, el paro no fue por justicia, sino por miedo a perder privilegios.
El argumento de la “falta de agua” resulta engañoso. La escasez que alegan los manifestantes es consecuencia directa del cierre de pozos ilegales, no de una sequía. Irónicamente, este año las lluvias llenaron las presas, pero el agua no llega a todos porque la red de distribución está capturada por intereses privados.
Lo más preocupante no es solo el paro, sino la pasividad de las autoridades. Cada vez que un grupo bloquea una autopista, desaparece la fuerza pública. Nadie interviene, nadie asume responsabilidades. Y mientras el gobierno busca proteger el agua de los mexiquenses, termina siendo rehén de los mismos que la saquean.
Ya ocurrió con los transportistas: amagaron con un paro y, poco después, fueron recompensados con un aumento de tarifas. No es casualidad que los piperos intenten aplicar la misma fórmula. Bloquear, presionar y negociar. Así se ha gobernado por décadas.
El gobierno del Estado de México ha dado un paso valiente con la Operación Caudal, pero debe mantenerse firme. No puede haber marcha atrás. La legalidad no se defiende con discursos, sino con resultados: clausurando pozos ilegales, garantizando la distribución equitativa y castigando a quienes lucran con la necesidad de los demás.
El agua es un derecho constitucional, no una mercancía. Los gobiernos deben colocarse del lado de los ciudadanos, no de los concesionarios. Proteger el agua es proteger la vida, y quienes la usan como herramienta de presión política deben enfrentar las consecuencias.
La “Operación Caudal” puede ser el inicio de un cambio real si se sostiene con transparencia y determinación. No basta con cerrar tomas ilegales: se necesita garantizar que cada familia tenga acceso seguro al agua. Si el gobierno cede, la vieja historia de los caciques del agua volverá a repetirse.
En un país donde todo se vuelve botín político, defender el agua se ha convertido en un acto de valentía. Por eso, hoy más que nunca, el Estado de México no puede permitir que los intereses de unos pocos sigan ahogando el derecho de todos.
Que el resto del país tome nota.
