Bitácora del Poder por Naim Libien Abouzaid
El Gobierno del Estado de México publicó el nuevo Acuerdo de Movilidad que eleva la tarifa del transporte público de $12 a $14 pesos por los primeros cinco kilómetros. A simple vista, parece un ajuste menor, pero en realidad es una reconfiguración política, económica y social del sistema de transporte mexiquense.
El documento, firmado por el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, se justifica en la “modernización y viabilidad del servicio público” . Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y las comisiones revisores se esconde una pregunta más profunda: ¿modernización para quién?
Un viaje promedio de 10 kilómetros costará entre $15 y $16 pesos, lo que representa más de $1,200 pesos mensuales para millones de trabajadores. En la Ciudad de México, el contraste es evidente: Metro a $5, Metrobús a $6, Trolebús a $7. Mientras allá se subsidia la movilidad, aquí se castiga la necesidad.
El gobierno exige a los concesionarios unidades limpias, cámaras de vigilancia y renovación de flota. Pero la historia reciente demuestra que las promesas del papel rara vez llegan al pavimento. Los usuarios siguen enfrentando camiones sucios, choferes sin capacitación y paradas inseguras.
El Estado de México tiene uno de los sistemas más fragmentados y opacos del país: miles de concesiones vencidas, rutas duplicadas y unidades pirata que circulan sin control. La nueva tarifa busca “depurar” el sistema, pero sin una política pública integral, solo se reacomodan los mismos intereses.
A ello se suma la contradicción social. Mientras se celebran medidas positivas como el cierre de Blvd. Solidaridad las Torres para hacer ejercicio, se anuncia al mismo tiempo un aumento que golpea el bolsillo de quienes dependen del transporte. Vivimos en un mundo al revés: se incentiva la salud, pero se encarece la movilidad.
El argumento oficial es que el aumento permitirá mantener la “viabilidad del servicio” . Pero en un contexto donde la gasolina, el gas y la canasta básica también suben, es ingenuo pensar que dos pesos más no afectan.
El verdadero problema no es cobrar más, sino rendir cuentas. Si el alza no se traduce en más seguridad, mejor servicio y mayor frecuencia, será solo otro impuesto disfrazado de modernización.
El Estado de México debe decidir si seguirá apostando por un modelo concesionado y desigual, o si dará el paso hacia un transporte público digno, ordenado y estatal. De lo contrario, cada peso extra será una nueva herida a la confianza ciudadana.
Porque la modernidad no se mide en tarifas, sino en resultados visibles en las calles. Y, hasta ahora, el usuario paga más… para seguir igual.
Que el resto del país tome nota.
