Bitácora del Poder por Naim Libien Abouzaid
Hablar del transporte público en el Estado de México es hablar de un sistema en crisis. A pesar de ser la entidad más poblada del país, con territorios que van desde valles urbanos hasta montañas rurales, el servicio que reciben millones de mexiquenses es precario, caro y desordenado. En el Valle de Toluca, la capital misma del estado, la situación roza lo inaceptable: filas interminables de camiones sin horarios claros, paradas improvisadas y rutas que parecen depender más de la costumbre que de una planeación real. Para muchos usuarios, el transporte público se traduce en trayectos hasta cinco veces más largos de lo que deberían ser.
El sistema actual se sostiene más por la costumbre que por el orden. Las paradas no están señalizadas, los horarios no existen y las reglas para los concesionarios parecen ser papel mojado. Esa falta de regulación, sumada al poder de presión que tienen los transportistas, ha hecho que los gobiernos estatales eviten entrar a fondo en una reforma. Sin embargo, el costo lo pagan las familias trabajadoras: más horas en traslados, menos seguridad y tarifas que no son nada baratas para el servicio que se recibe.
Después de 14 años, en enero de 2026 se inaugurará el Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente. Su arranque busca cambiar las reglas del juego al conectar de manera directa a la capital mexiquense con la Ciudad de México en tiempos nunca antes vistos. Municipios como Lerma, Metepec, Zinacantepec y la propia Toluca verán un crecimiento acelerado con esta nueva infraestructura. Pero el gran reto será la conexión: si los camiones y colectivos no mejoran, el tren puede convertirse en una isla de eficiencia rodeada de desorden.
El gobierno de Delfina Gómez ha mostrado avances con proyectos como el Mexibús y el Mexicable en el oriente del estado. No obstante, el Valle de Toluca no puede quedar rezagado. La demanda de movilidad crecerá y se necesitan líneas alimentadoras, calles más fluidas, menos topes y semáforos mejor sincronizados. Sin duda alguna el gobierno estatal tiene la obligación de poner orden, pero a mí me gustaría ver una iniciativa por parte de los mismos concesionarios para trabajar en conjunto y entregar un mejor transporte público.
El Insurgente es una oportunidad histórica. Pero si no se acompaña de una transformación profunda en el transporte público local, quedará como un proyecto aislado. El Estado de México debe decidir si seguirá atado a intereses de concesionarios o si dará un paso hacia un modelo digno, seguro y justo. De lo contrario, el tren puede ser símbolo de modernidad… pero sobre rieles rodeados de caos.
Que el resto del país tome nota.
