La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó este miércoles sobre los avances definitivos en la resolución del siniestro ocurrido en el Corredor Interoceánico. A través de un videomensaje, la funcionaria detalló que 145 personas, incluyendo a 114 adultos y 31 menores de edad, han recibido de manera inmediata la reparación integral del daño. Esta medida, contemplada en el marco legal vigente, ha permitido la extinción de la acción penal en los rubros correspondientes. Además, se ha privilegiado una solución eficaz y menos desgastante para las víctimas y sus familias. Así, estas personas han accedido a compensaciones que buscan mitigar la afectación ocasionada por el incidente ferroviario.
Godoy Ramos explicó que la integración de cuatro carpetas de investigación permitió acreditar la responsabilidad culposa de tres figuras clave en la operación del tren: el maquinista, el conductor y el jefe de despacho, por los delitos de homicidio y lesiones. Gracias a las indagatorias de los ministerios públicos, se obtuvieron oportunamente órdenes de aprehensión y cateo. Esto derivó en los respectivos autos de vinculación a proceso. En cuanto al delito de daño en bienes, la fiscalía informó que la empresa ferroviaria involucrada decidió otorgar el perdón de la parte ofendida. De este modo, se agilizó el proceso de resolución por las vías alternas de justicia que priorizan el esclarecimiento de los hechos y la protección de los inocentes sobre la mera punitividad.
Un punto crucial del informe técnico fue la exclusión del delito de ataques a las vías generales de comunicación. Tras minuciosas inspecciones y tomas de muestras en materia de arquitectura, ingeniería civil y seguridad industrial, los peritos determinaron que la infraestructura en el punto del siniestro cumplía plenamente con las normas oficiales. Los dictámenes confirmaron que tanto la vía como los durmientes, las fijaciones y el balasto se encontraban en condiciones óptimas. Asimismo, la fiscal descartó irregularidades administrativas tras analizar seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y otras tantas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Los contratos públicos relacionados con la vía y el material rodante no presentaron observaciones penales. Además, se confirmó que la calidad de los elementos y el estado de las locomotoras y vagones estaban alineados con la normativa aplicable. Por ello, se centró la causa del evento en fallas de ejecución humana y operativa plenamente identificadas.
