La estabilidad institucional del Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra nuevamente bajo una intensa presión política y jurídica. Esto ocurre tras la aprobación en el Senado de reformas que imponen recortes severos a los salarios y prestaciones de los funcionarios electorales. Carla Humphrey, consejera del INE, lanzó una advertencia contundente al señalar que estas medidas podrían contravenir directamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El argumento principal de la consejera radica en que el tema de la reducción de percepciones ya había sido planteado y rechazado anteriormente en el mismo periodo de sesiones. Así, esto jurídicamente impide que vuelva a ser votado de la misma manera. Humphrey sostuvo que este movimiento legislativo «borda lo inconstitucional», ya que ignora los precedentes parlamentarios. Además, pone en riesgo la autonomía financiera de un órgano que es fundamental para la democracia mexicana en un año cargado de retos operativos y procesos electorales concurrentes.
Durante una entrevista reciente, la consejera anticipó que el instituto no se quedará de brazos cruzados. Por eso, realizará un análisis técnico y jurídico exhaustivo para determinar las implicaciones reales de esta medida. No se trata solo de una cuestión presupuestal, sino de una posible vulneración de los derechos laborales de miles de trabajadores que, durante los procesos electorales, operan bajo el régimen de que «todos los días y horas son hábiles». Esto justifica legalmente el pago de compensaciones y horas extras que hoy están en la mira del recorte. Humphrey advirtió que esta situación podría abrir la puerta a una ola masiva de litigios laborales que terminarían costando más al erario público que el ahorro pretendido con la reforma. La discusión de este nuevo esquema, derivado de los ajustes de última hora en el Senado para el llamado «plan B», ha generado un clima de incertidumbre dentro del organismo encargado de organizar las elecciones. Igualmente, ha afectado la moral y la planeación técnica de los próximos comicios federales y locales.
Sumado a la tensión por los salarios, persiste una preocupación de fondo sobre la posible concurrencia de la elección del Poder Judicial con los procesos electorales ordinarios. Humphrey fue enfática al señalar que esta coincidencia representaría una sobrecarga operativa brutal para el INE. Además, dificultaría que la ciudadanía tenga un conocimiento real y profundo de las candidaturas judiciales. A diferencia de los candidatos a puestos de elección popular por partidos políticos, quienes aspiran a cargos en el Poder Judicial no cuentan con acceso a tiempos oficiales en radio y televisión. Esto limitaría drásticamente la difusión de sus perfiles y propuestas. La consejera recordó que el INE propuso formalmente posponer estos procesos para evitar que choquen con la logística de la elección federal. Sin embargo, hasta el momento esta propuesta técnica ha sido ignorada por el Poder Legislativo. En este escenario, la advertencia de Humphrey resuena como un llamado a la cordura jurídica. Sin recursos suficientes y con una saturación de tareas, la calidad de los procesos electorales en México podría verse seriamente comprometida. Así, la democracia quedaría en una posición de vulnerabilidad frente a decisiones que parecen priorizar el ahorro sobre la eficacia operativa.
