El Gobierno de México presentó un proyecto de decreto para establecer nuevas obligaciones a las plataformas digitales y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos que promuevan la violencia. La propuesta contempla retirar determinadas publicaciones y reportar los casos identificados ante las autoridades de seguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la iniciativa busca que las empresas tecnológicas actúen cuando detecten publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual. También incluye contenidos que promuevan el suicidio, las autolesiones deliberadas y los trastornos alimenticios.
Como parte de las obligaciones planteadas, las plataformas deberán informar sobre estos casos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional. El objetivo es agilizar la intervención de las autoridades ante situaciones que puedan representar un riesgo para los menores.
Sheinbaum señaló que, por el momento, el proyecto no contempla sanciones para las empresas que incumplan las disposiciones. Sin embargo, sostuvo que la eliminación de contenidos relacionados con abusos y violencia debe formar parte de las responsabilidades de las plataformas digitales.
La mandataria indicó que el documento sería publicado en el Diario Oficial de la Federación después de dialogar con representantes de las empresas tecnológicas. También adelantó la integración de un grupo de trabajo para evaluar si será necesario impulsar reformas legales adicionales.
La propuesta se presenta después de recientes episodios de violencia en planteles educativos que, según el Gobierno federal, han llevado a las autoridades a revisar posibles vínculos entre las agresiones y las interacciones en redes sociales. La administración también ha anunciado acciones de prevención y acompañamiento para estudiantes y familias.
El proyecto abre una nueva etapa en la discusión sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la seguridad digital de menores de edad. Su aplicación dependerá de la publicación del decreto y de los mecanismos que se establezcan para cumplir las obligaciones, reportar los casos y coordinar la actuación con las autoridades.
