El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, rechazó que Alejandro N, alias El Macas, haya sido trasladado a un penal federal debido a presuntas amenazas contra su vida, como señalaron algunos medios de comunicación. El mandatario aseguró que el movimiento penitenciario respondió al nivel de riesgo atribuido al interno.
Durante una entrevista con medios de comunicación, Bedolla calificó como falsa la versión sobre las supuestas amenazas y explicó que El Macas fue enviado a un centro penitenciario federal debido a su presunta peligrosidad. El gobernador afirmó que Alejandro N forma parte de un grupo delictivo y que su traslado se realizó junto con otros dos internos considerados de alto riesgo.
El Macas fue identificado como un exescolta de confianza de Carlos Manzo Rodríguez, quien fuera presidente municipal de Uruapan y falleció en un hecho violento. La relación entre ambos cobró relevancia luego de que las autoridades señalaran posibles vínculos de personas cercanas al exalcalde con organizaciones delictivas.
Bedolla sostuvo que el traslado de Alejandro N evidencia, desde la perspectiva del gobierno estatal, una posible infiltración de la delincuencia organizada en el entorno cercano de Manzo. El gobernador también vinculó este contexto con las investigaciones relacionadas con el homicidio del exalcalde de Uruapan, aunque las responsabilidades específicas corresponden a las autoridades encargadas de las indagatorias.
Junto con El Macas fueron trasladados a un penal federal Christian Martín N, alias El Vikingo, y Alexis Jesús N, conocido como El Brilloso. De acuerdo con lo señalado por el gobernador, los tres internos fueron considerados de alta peligrosidad por las autoridades penitenciarias.
El caso ocurre mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Carlos Manzo Rodríguez y los posibles vínculos de personas de su entorno con grupos delictivos. Hasta el momento, las declaraciones sobre la participación de organizaciones criminales forman parte de las líneas de investigación y señalamientos de las autoridades, mientras corresponde a las instancias competentes determinar responsabilidades.
