La exigencia para retirar el fuero a Enrique Inzunza Cázarez llegó al Senado de la República el 29 de septiembre, luego de que abogados y activistas entregaran miles de firmas para solicitar que el legislador sinaloense sea separado de su cargo. La movilización ocurrió en Ciudad de México, cinco meses después de que autoridades estadounidenses formularan acusaciones en su contra.
La cifra reportada varía según las organizaciones y medios: inicialmente se habló de alrededor de 20 mil firmas, mientras que otras fuentes señalaron más de 23 mil 500 apoyos. Las firmas fueron recabadas mediante una petición ciudadana y entregadas en el Senado, mientras que la Alianza Mexicana de Abogados presentó por separado ante la Cámara de Diputados una solicitud para iniciar un juicio de procedencia contra el senador.
El caso está relacionado con una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 29 de abril de 2026. La dependencia incluyó a Inzunza, entonces senador y anteriormente secretario general de Gobierno de Sinaloa, entre varios funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. El documento estadounidense sostiene que Inzunza habría tenido reuniones con líderes de Los Chapitos y otros integrantes del Cártel de Sinaloa.
El Departamento de Justicia estadounidense aclara que las acusaciones contenidas en la imputación son únicamente señalamientos y que los acusados deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Tras los señalamientos, Inzunza se separó de la bancada de Morena, aunque mantiene su escaño en el Senado. Durante la jornada del 29 de septiembre, los promoventes también solicitaron que se active el procedimiento legislativo correspondiente para analizar el retiro de su fuero constitucional.
