La Secretaría Anticorrupción informó que mil 737 expedientes relacionados con presuntas faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos fueron enviados al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia encargada de determinar las responsabilidades y posibles sanciones correspondientes.
La dependencia explicó que, ante este tipo de conductas, sus atribuciones no contemplan la imposición directa de sanciones. Por ello, una vez integrados los expedientes, estos son remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa para que continúe con el procedimiento y determine lo que corresponda en cada caso.
Los mil 737 expedientes involucran a servidores públicos señalados por posibles faltas consideradas graves dentro del ámbito administrativo. El proceso contempla que las autoridades competentes revisen los elementos de cada expediente y establezcan si existen responsabilidades que ameriten una sanción.
La aclaración de la Secretaría Anticorrupción también precisa la distribución de funciones entre las instituciones encargadas de investigar y resolver este tipo de procedimientos. Mientras la dependencia participa en la integración y presentación de los casos, corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa analizar los expedientes y emitir las determinaciones relacionadas con las responsabilidades administrativas.
El número de expedientes enviados refleja la cantidad de casos que han llegado a una etapa en la que deben ser revisados por la autoridad jurisdiccional administrativa. Cada procedimiento deberá seguir las etapas correspondientes antes de que exista una resolución sobre la responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
Con esta información, la Secretaría Anticorrupción reiteró que la resolución de las faltas administrativas graves no depende directamente de sus facultades sancionadoras, sino de las atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa, que deberá analizar cada expediente y determinar las medidas que correspondan conforme al procedimiento establecido.
