La clausura temporal del desarrollo turístico Las Dunas, en Chuburná Puerto, escaló del terreno ambiental al empresarial. José “Pepe” Chapur anunció que dejará de participar, incluso como presidente, en un grupo dedicado a promover y atraer inversiones a Yucatán, al considerar que existe un escenario de “inseguridad jurídica” en el estado y en México.
La decisión se produce después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenara la clausura temporal total del proyecto. Chapur sostiene que Las Dunas cuenta con los permisos correspondientes y cuestionó que las obras fueran detenidas pese a las autorizaciones que, asegura, fueron obtenidas.
La Profepa mantiene una versión distinta. La autoridad ambiental informó que durante sus inspecciones encontró incumplimientos relacionados con condicionantes ambientales y forestales, así como otras irregularidades, elementos que derivaron en la suspensión temporal del desarrollo.
El problema, sin embargo, rebasa el futuro de un solo proyecto. Si un inversionista obtiene autorizaciones de las autoridades y posteriormente enfrenta la paralización de una obra, resulta indispensable explicar con absoluta claridad qué incumplió, bajo qué fundamento y qué procedimiento deberá seguir para recuperar la certeza sobre su inversión.
La protección ambiental no debería estar enfrentada con el desarrollo económico. Las autoridades tienen la obligación de hacer cumplir la legislación y detener cualquier proyecto que viole sus disposiciones, pero también deben ofrecer reglas claras, procedimientos previsibles y resoluciones suficientemente sustentadas. Sin certeza jurídica, atraer capital se vuelve considerablemente más difícil.
Chapur adelantó que continuará invirtiendo mediante sus propias empresas, aunque dejará de participar en el grupo de promoción de inversiones.
Su salida representa una señal que no debería minimizarse. La confianza empresarial requiere que permisos, inspecciones y sanciones funcionen dentro de un marco institucional consistente. El reto para las autoridades será demostrar que la clausura responde exclusivamente al cumplimiento de la legislación ambiental y no a criterios cambiantes que puedan debilitar la confianza de quienes deciden invertir.
El caso Las Dunas deja así una pregunta central para Yucatán y México: ¿cómo proteger el medio ambiente sin convertir la incertidumbre regulatoria en un freno para la inversión?
