La ministra Loretta Ortiz Ahlf abordó públicamente las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad auditiva y utilizó su propia experiencia para destacar la necesidad de generar decisiones públicas con una perspectiva más cercana a sus realidades.
Durante su intervención, Ortiz Ahlf se retiró su implante coclear, una acción con la que buscó mostrar de manera directa parte de las condiciones que pueden experimentar quienes viven con sordera. El gesto permitió colocar en el centro del debate la importancia de comprender que la pérdida o recuperación de la audición puede representar cambios significativos en la manera en que una persona se relaciona con su entorno.
La ministra señaló que para quienes pueden escuchar resulta complicado dimensionar lo que significa perder este sentido o volver a recuperarlo. Por ello, consideró necesario que las discusiones relacionadas con discapacidad auditiva, derechos humanos e inclusión incorporen las experiencias de quienes viven directamente estas condiciones.
Escuchar antes de tomar decisiones
Uno de los principales puntos planteados durante su participación fue la necesidad de consultar a las personas con discapacidad cuando se elaboran normas, programas o políticas públicas que puedan tener un impacto directo en sus derechos.
La reflexión también destaca que la comunidad sorda no constituye un grupo con necesidades idénticas. Las experiencias pueden variar dependiendo de las condiciones particulares de cada persona, el acceso a dispositivos de apoyo, su entorno familiar, educativo y laboral, así como las herramientas de comunicación disponibles.
En ese sentido, la participación de las personas con discapacidad auditiva puede aportar elementos fundamentales para identificar problemáticas que podrían pasar inadvertidas cuando las decisiones se toman sin conocer de primera mano sus experiencias.
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La discapacidad auditiva requiere distintas perspectivas
El planteamiento de Ortiz Ahlf también pone atención en la diversidad existente dentro de la comunidad auditiva. No todas las personas viven la sordera de la misma manera ni cuentan con las mismas posibilidades para acceder a servicios, tecnología, educación o mecanismos de comunicación.
Por ello, cualquier legislación relacionada con personas con discapacidad requiere considerar diferentes perspectivas y evitar soluciones generales que no respondan a las circunstancias particulares de quienes serán directamente afectados.
La inclusión, bajo esta perspectiva, no consiste únicamente en establecer disposiciones legales, sino también en generar procesos de consulta y participación que permitan conocer las necesidades de la población involucrada.
La intervención de la ministra coloca nuevamente en la conversación pública la importancia de fortalecer políticas de accesibilidad, inclusión y derechos de las personas sordas. También plantea el reto de que las instituciones incorporen mecanismos que permitan escuchar sus opiniones antes de aprobar medidas que puedan modificar sus condiciones de vida.
Una llamada a construir leyes con participación
La experiencia compartida por Ortiz Ahlf plantea que las personas con discapacidad deben tener un papel activo en las decisiones que involucran sus derechos. Escuchar sus testimonios puede contribuir a desarrollar leyes y políticas públicas con mayor sensibilidad frente a las distintas realidades existentes.
El llamado también abre una discusión sobre la responsabilidad de las instituciones para garantizar que los procesos legislativos y gubernamentales contemplen mecanismos accesibles de participación.
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