La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación sobre los cambios realizados en la representación legal de Ingemar, S.A. de C.V., empresa relacionada con el aseguramiento de decenas de carrotanques cargados con combustible presuntamente de procedencia ilícita en Coahuila. Las indagatorias incluyen la designación de una nueva apoderada legal meses después de que la compañía quedó bajo el escrutinio de las autoridades federales.
De acuerdo con información publicada por El Universal, en marzo de 2026 la empresa solicitó ante la Secretaría de Economía el registro de Guadalupe Hernández Hinojosa como directora general ejecutiva y apoderada legal, modificación que posteriormente fue inscrita en el Registro Público de Comercio mediante el esquema de Inscripción Vía Web Inmediata.
Según la investigación periodística, el cambio ocurrió aproximadamente ocho meses después de que Ingemar fuera vinculada con uno de los mayores aseguramientos de combustible presuntamente ilegal registrados en el país. La FGR analiza si esta modificación corporativa pudo haber tenido como propósito trasladar responsabilidades legales a un nuevo representante de la empresa durante el desarrollo de las investigaciones.
El otorgamiento del poder fue formalizado el 6 de marzo de 2026 mediante un instrumento notarial con folio mercantil electrónico N-2018080257. A partir de esa fecha, Guadalupe Hernández Hinojosa obtuvo amplias facultades para actuar en nombre de la sociedad mercantil en diversos ámbitos administrativos, financieros, fiscales y judiciales.
Entre las atribuciones conferidas se encuentran la firma de contratos públicos y privados, la apertura y manejo de cuentas bancarias, la emisión y aceptación de títulos de crédito, así como la representación de la empresa ante autoridades civiles, fiscales, administrativas, penales y laborales, incluyendo a la propia Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales.
La investigación también refiere que la nueva representante ingresó a la empresa aproximadamente dos años antes en un cargo administrativo de nivel medio y posteriormente asumió la representación legal de la compañía. Antes de incorporarse a Ingemar, desempeñó funciones relacionadas con la contabilidad en una empresa del sector comercial.
Especialistas en derecho consultados por El Universal señalaron que, conforme al marco jurídico mexicano, el apoderado legal de una empresa puede convertirse en una figura central dentro de una investigación cuando posee facultades para representar jurídicamente a la sociedad y autorizar operaciones financieras o mercantiles. No obstante, la eventual responsabilidad penal o administrativa depende de las pruebas que obtengan las autoridades durante el proceso de investigación.
El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando Ojesto Manzur, explicó que en algunos casos empresas bajo investigación realizan cambios en sus representantes legales para reorganizar su estructura corporativa, aunque advirtió que corresponde exclusivamente a las autoridades determinar si dichas modificaciones tuvieron algún propósito irregular o constituyen actos plenamente legales.
El especialista agregó que las investigaciones deben abarcar tanto a representantes actuales como anteriores, socios, directivos y cualquier persona que haya intervenido en la toma de decisiones relevantes dentro de la empresa, con el fin de establecer responsabilidades individuales conforme a derecho.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado públicamente conclusiones sobre esta línea de investigación ni ha determinado responsabilidades penales derivadas del cambio en la representación legal de Ingemar. Las indagatorias continúan como parte del expediente relacionado con el caso del aseguramiento de combustible presuntamente ilícito en Coahuila.
