La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 171 mil 973 pesos y una inhabilitación por tres meses a la empresa Galmar Proyectos Integrales, S. de R.L. de C.V., tras detectar la presentación de documentación falsa durante un procedimiento de contratación realizado por el Instituto Nacional de Cardiología «Ignacio Chávez».
La resolución fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y deriva de una investigación encabezada por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, el cual determinó que la empresa presentó documentos que supuestamente habían sido emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
De acuerdo con las autoridades, dichos documentos estaban relacionados con el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social, requisitos indispensables para participar en procedimientos de contratación pública.
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La empresa buscaba obtener un contrato de capacitación
La dependencia informó que Galmar Proyectos Integrales participó en un procedimiento de adjudicación directa para ofrecer servicios de capacitación sobre la operación y mantenimiento de generadores de vapor destinados al Instituto Nacional de Cardiología «Ignacio Chávez».
Tras revisar la documentación presentada por la empresa, las autoridades detectaron inconsistencias que derivaron en la imposición de las sanciones administrativas correspondientes.
Como parte de la resolución, la compañía fue incorporada al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impedirá participar, ya sea de forma directa o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal durante el periodo de la inhabilitación.
La sanción podrá ser impugnada
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que la empresa cuenta con el derecho de impugnar la resolución conforme a los mecanismos legales establecidos.
No obstante, la dependencia afirmó que defenderá la sanción en caso de que sea recurrida, al considerar que fue impuesta conforme a la legislación vigente y con el objetivo de proteger el interés público y garantizar la transparencia en las contrataciones gubernamentales.
Las autoridades reiteraron que la verificación de la documentación presentada por proveedores y contratistas forma parte de las acciones para fortalecer la legalidad, prevenir actos de corrupción y asegurar que los recursos públicos sean administrados con apego a la normatividad.
Este tipo de medidas buscan reforzar la confianza en los procesos de contratación pública y sancionar a quienes incumplan con los requisitos establecidos por las instituciones federales.
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