Un Juzgado de Distrito ordenó al Ministerio Público Federal restituir de manera inmediata el predio «La Peña» a favor de más de cien familias indígenas de la comunidad de Agua Fría, en San Luis Potosí, luego de conceder una suspensión provisional con efectos restitutorios dentro del juicio de amparo promovido por los habitantes afectados.
La resolución judicial busca revertir el desalojo registrado a principios de junio y establece que las autoridades deberán garantizar el regreso de las familias al terreno mientras continúa el proceso legal para resolver el conflicto de fondo.
Juez ordena revertir el desalojo
De acuerdo con el expediente 195/2026, el Ministerio Público Federal será el responsable de coordinar las acciones necesarias para devolver el predio a sus ocupantes y asegurar que el lugar recupere las condiciones en las que se encontraba antes del operativo de desalojo.
Además, las autoridades deberán elaborar un acta circunstanciada con cada una de las diligencias realizadas y remitirla al Juzgado Quinto de Distrito, con el propósito de acreditar el cumplimiento de la resolución judicial.
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INPI deberá garantizar intérpretes indígenas
Como parte de la resolución, el juez ordenó la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para asegurar que las familias afectadas cuenten con intérpretes en las lenguas tének, náhuatl y maya durante las diligencias judiciales.
El objetivo es que los habitantes comprendan plenamente el desarrollo del procedimiento y puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, especialmente después de las presuntas irregularidades denunciadas durante el operativo de desalojo.
Habitantes denunciaron irregularidades
El desalojo ocurrió durante la madrugada del pasado 9 de junio, cuando los pobladores señalaron que se utilizó un operativo policial con presunto uso excesivo de la fuerza.
Los habitantes también denunciaron que se realizaron allanamientos sin que se exhibieran órdenes judiciales y que varias personas fueron detenidas de manera arbitraria, entre ellas Miguel Santos y Feliciano Sánchez, quienes posteriormente recuperaron su libertad.
Estas denuncias forman parte del juicio de amparo que aún permanece en curso y cuyo objetivo será determinar la legalidad del procedimiento que derivó en la expulsión de las familias.
Familias esperan solución definitiva
Aunque el litigio continúa, la orden emitida por el Juzgado representa una medida inmediata para que las más de cien familias puedan regresar al predio que, de acuerdo con los propios habitantes, han ocupado y trabajado durante más de 30 años.
El proceso judicial seguirá su curso para resolver de manera definitiva la situación jurídica del terreno y determinar las responsabilidades derivadas del operativo realizado en junio.
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