El gobierno de Estados Unidos activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contemplado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para solicitar una investigación sobre posibles violaciones a los derechos laborales de trabajadores de la mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas y operada por la empresa minera estadounidense Newmont Corporation.
La petición surge a partir de una queja promovida por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, en la que se acusa a la compañía de presuntamente tomar represalias contra empleados que participan en actividades sindicales.
De acuerdo con el señalamiento presentado ante autoridades estadounidenses, tres integrantes del comité ejecutivo local del sindicato habrían sido despedidos de manera injustificada por su participación en labores gremiales, lo que representaría una posible vulneración a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva protegidos por el T-MEC.
La solicitud fue evaluada por la Comisión de Liderazgo Internacional (CLI), organismo que recibió la denuncia el pasado 13 de mayo. Tras revisar la información presentada, determinó que existían elementos considerados suficientes y creíbles para activar formalmente los mecanismos de revisión establecidos en el acuerdo comercial entre los tres países de Norteamérica.
Como resultado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano revisar la situación laboral en la mina Peñasquito para determinar si efectivamente se están vulnerando los derechos de los trabajadores. Conforme a los procedimientos establecidos en el tratado, México dispone de diez días para aceptar la revisión y, posteriormente, de un plazo de 45 días para concluir la investigación correspondiente.
Mientras se desarrolla el proceso, Estados Unidos anunció la suspensión temporal de la liquidación de importaciones pendientes provenientes de la mina. Peñasquito es considerada una de las operaciones mineras más importantes del país y produce minerales como oro, plata, plomo y zinc, además de mantener vínculos comerciales con diversas industrias estadounidenses.
Esta acción representa la cuarta ocasión en que el Sindicato Nacional Minero recurre a los mecanismos de protección laboral contemplados en el T-MEC. Casos previos involucraron conflictos laborales en las minas San Martín, ubicada en Sombrerete; Camino Rojo, en Mazapil, ambas en Zacatecas; así como la mina Tizapa, operada por Industrias Peñoles en el Estado de México.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos señaló que esta medida forma parte de la estrategia denominada “Estados Unidos Primero”, orientada a garantizar que los países socios cumplan con los compromisos laborales asumidos en el tratado comercial. Según la dependencia, el objetivo es evitar que se obtengan ventajas competitivas mediante el debilitamiento de derechos laborales o la reducción de estándares de protección para los trabajadores.
La investigación que realicen las autoridades mexicanas será determinante para establecer si existen violaciones a los compromisos laborales internacionales y definir las posibles acciones que correspondan conforme a los mecanismos contemplados en el T-MEC. El caso vuelve a colocar en el centro del debate la importancia del cumplimiento de los derechos sindicales y laborales dentro de sectores estratégicos como la minería.
