La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó este martes a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional que propone aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección judicial federal y local en México.
El documento fue recibido por la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, quien informó que la propuesta será turnada directamente a la Cámara de Diputados para iniciar su proceso de análisis, dictaminación y eventual votación en el pleno legislativo.
La iniciativa forma parte de los ajustes planteados por el gobierno federal tras la primera experiencia de elección judicial en el país y busca modificar diversos aspectos relacionados con la organización, logística y operación del proceso electoral.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, adelantó que la Comisión de Puntos Constitucionales comenzará a trabajar el dictamen en las próximas horas para circularlo entre sus integrantes y llevarlo a votación el próximo miércoles.
Por su parte, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, señaló que la minuta podría discutirse y votarse en la Cámara Alta al día siguiente por la noche, acelerando así el trámite legislativo de la reforma.
Durante la entrega del proyecto, Rosa Icela Rodríguez sostuvo que los cambios propuestos buscan profundizar la transformación del Poder Judicial y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados.
La funcionaria explicó que el aplazamiento al 1 de junio de 2028 responde a diversos desafíos logísticos señalados por actores involucrados en el proceso, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente ante la complejidad operativa de organizar elecciones concurrentes en 2027.
La propuesta también contempla que las entidades federativas homologuen sus calendarios judiciales con el federal para brindar mayor certeza jurídica y uniformidad en la organización de los comicios en todo el país.
Entre los cambios planteados destaca la simplificación de las boletas electorales mediante la reducción del número de candidaturas, con el objetivo de facilitar la identificación de aspirantes y hacer más accesible el proceso de votación para la ciudadanía.
Además, la iniciativa establece nuevas reglas para la integración y funcionamiento de los Comités de Evaluación encargados de revisar perfiles y seleccionar aspirantes a cargos judiciales.
La reforma también prevé la creación de Distritos Electorales Judiciales organizados por el INE, tomando como base los circuitos judiciales existentes, para que la ciudadanía pueda identificar con claridad a las candidaturas correspondientes a su región.
Otro de los puntos incluidos es la reorganización interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la creación de secciones especializadas que permitan agilizar el trabajo y reducir rezagos en asuntos judiciales.
