La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección judicial federal y local, como parte de una estrategia para simplificar el proceso electoral y facilitar la participación ciudadana.
La propuesta será presentada por la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien detalló que la modificación busca reducir la complejidad operativa prevista para las elecciones intermedias de 2027, año en el que también se renovarán gubernaturas, congresos locales, alcaldías y la Cámara de Diputados.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la decisión no responde principalmente a un tema presupuestal, sino a la necesidad de facilitar el proceso de votación ante el elevado número de cargos que estarán en disputa de manera simultánea.
“Más que el costo es la facilidad para elegir”, expresó la mandataria al justificar el aplazamiento de la elección judicial, cuya nueva fecha tentativa sería el 4 de junio de 2028.
La reforma contempla modificar tanto las elecciones judiciales federales como las locales. De aprobarse, en 2028 se elegirían cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito y 385 jueces de distrito.
A nivel estatal también se renovarían 424 magistraturas y 2 mil 831 jueces en 25 entidades del país, como parte del nuevo esquema de elección popular del Poder Judicial impulsado por el gobierno federal.
Además del cambio de fecha, la iniciativa incluye ajustes en la organización de las candidaturas y en el diseño de las boletas electorales. Entre las modificaciones propuestas se encuentra una reducción considerable en el número de aspirantes para distintos cargos judiciales.
De acuerdo con la presentación oficial, las candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasarían de 81 a 54; las del Tribunal de Disciplina Judicial disminuirían de 45 a 30; y las del Tribunal Electoral se reducirían de 63 a 42.
La reforma también plantea la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este organismo tendría la función de homologar criterios de evaluación, verificar requisitos formales y coordinar la aplicación de exámenes de conocimientos para los aspirantes.
Otro de los cambios relevantes será la simplificación de las boletas electorales. El objetivo es que la ciudadanía vote únicamente por un juez y un magistrado por especialidad, entre las candidaturas registradas y los juzgadores que busquen reelegirse.
Asimismo, el Instituto Nacional Electoral tendría la facultad de dividir el territorio nacional en los distritos judiciales que considere necesarios para organizar la elección.
La iniciativa también abre la posibilidad de que la elección judicial de 2028 coincida con un eventual proceso de revocación de mandato presidencial y que ambas jornadas se realicen en las mismas casillas, aunque sin participación de partidos políticos en la promoción de candidaturas.
La primera elección judicial realizada en México en 2025 registró una participación cercana al 13 por ciento, cifra que generó críticas y cuestionamientos sobre la complejidad de las boletas y el desconocimiento ciudadano respecto a los perfiles contendientes.
