La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizar una revisión detallada sobre los casos de trabajadores jubilados que reportaron reducciones en sus pensiones tras la reciente reforma constitucional que puso límites a las llamadas “pensiones doradas”.
La mandataria federal señaló que, en caso de detectarse errores o afectaciones indebidas en los ajustes realizados, éstos deberán corregirse conforme a lo establecido por la ley. La declaración surge luego de las protestas realizadas por jubilados de Pemex, CFE y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) durante una gira de trabajo encabezada por Sheinbaum el pasado fin de semana.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la titular del Ejecutivo explicó que el Gobierno federal ya analiza los señalamientos hechos por extrabajadores que aseguran haber sufrido disminuciones considerables en sus ingresos mensuales después de la entrada en vigor de la reforma.
“Estamos haciendo una valoración”, indicó la presidenta al referirse a las inconformidades manifestadas por pensionados en distintos eventos públicos recientes. Sheinbaum recordó que la modificación constitucional aprobada recientemente establece que ninguna pensión puede superar el equivalente a la mitad del salario presidencial.
La presidenta relató que durante una de sus giras observó que el área de atención ciudadana permanecía cerrada debido a una manifestación, por lo que ordenó abrir nuevamente el acceso para escuchar directamente las demandas de la población.
Fue ahí donde un trabajador jubilado le mostró documentación relacionada con el ajuste aplicado a su pensión. A partir de ello, la mandataria solicitó a Pemex y CFE un reporte específico sobre cuántos trabajadores tuvieron reducciones y el monto exacto de las mismas.
Sheinbaum aclaró que, de acuerdo con los datos preliminares que le fueron entregados, los recortes no habrían dejado pensiones por debajo de los 70 mil pesos mensuales. No obstante, enfatizó que cada caso será revisado para garantizar que se haya actuado conforme al marco constitucional y sin afectar derechos adquiridos de manera indebida.
“Si hay algún error se tiene que corregir”, reiteró la presidenta al señalar que el objetivo de la reforma es evitar excesos en el sistema pensionario, especialmente en casos de ex funcionarios que percibían montos considerados desproporcionados.
Hace unas semanas, Sheinbaum reveló que existían pensiones de hasta un millón de pesos mensuales otorgadas a ex servidores públicos. Con la nueva legislación, explicó, esos pagos fueron ajustados para alinearse a un promedio cercano a los 70 mil pesos al mes.
Las protestas recientes de jubilados han puesto nuevamente en el centro del debate la aplicación de la reforma y el impacto que podría tener en trabajadores con largas trayectorias laborales dentro de empresas del Estado. Algunos grupos aseguran que las reducciones afectan a personas que dedicaron décadas de servicio profesional y no únicamente a quienes obtuvieron beneficios extraordinarios por cargos de alto nivel.
