En un fallo histórico que premia la mediocridad, la SCJN avala el «pase automático» de la SEP; 23 millones de alumnos quedan a la deriva en un sistema que imita a Dinamarca… pero sin exigencia académica.
En lo que representa un golpe mortal a la disciplina y al mérito académico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este jueves abrir las puertas al «libertinaje educativo». Por unanimidad, el Pleno avaló el polémico acuerdo de la SEP que prohíbe a las escuelas —tanto públicas como privadas— reprobar a los alumnos que no alcancen los conocimientos mínimos y, por si fuera poco, elimina la obligación de asistir a las aulas para acreditar el año. Por supuesto, hoy parece que NO IMPORTA SI LOS NIÑOS VAN A CLASE O REPRUEBAN, la prioridad ha cambiado radicalmente.
Bajo el cobijo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, la Corte desechó los reclamos del Colegio Roble, que buscaba desesperadamente proteger la excelencia educativa. Ahora, bajo este nuevo modelo, el esfuerzo de millones de estudiantes queda nivelado por lo bajo: ya no importa si un alumno domina las materias o si falta la mitad del año; la consigna es que nadie se quede atrás, aunque eso signifique que nadie aprenda.
¿Dinamarca o retroceso? El pretexto de la «Nueva Escuela Mexicana»
La ministra Batres defendió su proyecto con un argumento que ha encendido las alarmas de expertos: aseguró que calificar con números es «reduccionista» y que México debe aspirar a modelos como los de Finlandia o Dinamarca. Sin embargo, para los críticos, esta comparación es una burla a la realidad nacional, pues mientras aquellos países tienen infraestructuras de primer mundo, en México se está legalizando el ausentismo bajo el nombre de «evaluación cualitativa», y parece que NO IMPORTA SI LOS NIÑOS VAN A CLASE O REPRUEBAN.
Según la ponente, el principio de excelencia no se agota en «registros de asistencia» o «mediciones numéricas». Con esta lógica, la formación de más de 23 millones de niños y jóvenes mexicanos queda ahora sujeta a un modelo donde la disciplina es vista como un castigo y la evaluación como una molestia. Así, el debate en torno a NO IMPORTA SI LOS NIÑOS VAN A CLASE O REPRUEBAN se intensifica entre padres y docentes.
Choque de titanes: Ministros contra la «Educación al garete»
El debate en el Pleno fue un campo de batalla entre la complacencia y la exigencia. Mientras el ministro Hugo Aguilar Ortiz se atrevió a decir que «asistencia no es igual a excelencia» y que castigar la falta de clases es ignorar problemas familiares, otras voces trataron de rescatar los restos del sistema educativo.
La ministra María Estela Ríos González lanzó una advertencia desesperada que fue ignorada por la mayoría: al eliminar el requisito de asistencia, se está dejando «al garete» la educación de los niños. «En vez de elevar la calidad, la estamos disminuyendo», sentenció Ríos, en un grito de auxilio que se perdió ante el entusiasmo de quienes defienden la «promoción automática» en preescolar y primaria. Es más, NO IMPORTA SI LOS NIÑOS VAN A CLASE O REPRUEBAN parece sintetizar toda la problemática actual.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía denunció que esta medida contradice flagrantemente la Constitución y normas internacionales. No obstante, el rodillo de la «Nueva Escuela Mexicana» se impuso, dejando claro que, para este gobierno y la actual Corte, la asistencia a la escuela es opcional y el conocimiento es secundario.
El fin de las escuelas de calidad
Con esta resolución, instituciones de excelencia como las de la red Affinitas Education pierden la batalla legal para mantener estándares altos. Al eliminarse la asistencia mínima como criterio de acreditación y flexibilizarse la reprobación en secundaria, el sistema educativo mexicano se convierte en una fábrica de estadísticas alegres donde los títulos no garantizan saber y NO IMPORTA SI LOS NIÑOS VAN A CLASE O REPRUEBAN se vuelve el lema involuntario.
A partir de hoy, la educación básica en México entra en una fase de «campos formativos» y evaluaciones subjetivas que, para muchos padres de familia, no es más que una receta para el desastre generacional. La pregunta queda en el aire: ¿Qué futuro le espera a un país donde la máxima autoridad judicial dicta que asistir a clase y aprobar materias ya no son requisitos para graduarse, y donde NO IMPORTA SI LOS NIÑOS VAN A CLASE O REPRUEBAN?
