La vejez en México no es una experiencia uniforme; por el contrario, está profundamente fragmentada por la geografía y la desigualdad estructural que impera en el país. Verónica Montes de Oca Zavala, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, advierte que la entidad federativa de residencia determina drásticamente la calidad de vida de los adultos mayores debido a disparidades en la distribución de empleo, seguridad social e infraestructura. Durante su conferencia titulada “Interseccionalidad territorial del envejecimiento”, la académica destacó que la región norte de México goza de una atención médica y servicios superiores en comparación con las zonas del centro y el sur-sureste del territorio nacional.
Este fenómeno de vulnerabilidad no es espontáneo, sino que está estrechamente ligado al entorno socioeconómico que el individuo habitó a lo largo de su vida activa. Factores como el acceso histórico a medicamentos, la movilidad urbana, el historial de trabajo formal y la clase social son determinantes que hoy pasan factura a la población de la tercera edad. Según datos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, los estados del norte presentan los índices más altos de afiliación a servicios de salud, con Baja California Sur, Chihuahua y Nuevo León alcanzando un 90 por ciento de cobertura. En contraste, en Michoacán, el acceso desciende a un alarmante 68 por ciento, reflejando una carencia crítica de protección social en las regiones más rezagadas.
Actualmente, las personas mayores de 60 años representan el 12.8 por ciento de la población total de México, con una concentración más pronunciada en el centro y sur del país. La Ciudad de México encabeza esta lista con un 16 por ciento de habitantes en este rango de edad, seguida por estados como Morelos y Veracruz con el 14 por ciento, y entidades como Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa con el 13 por ciento. Esta distribución demográfica ejerce una presión sin precedentes sobre los sistemas locales de pensiones y salud, los cuales deben adaptarse a una población que crece a ritmos distintos según la región.
Un punto crítico abordado por la investigadora es la denominada “feminización del envejecimiento”. En casi todas las entidades del país, las mujeres constituyen la mayoría de la población adulta mayor, representando entre el 53 y el 54 por ciento del total. Sin embargo, esta mayor esperanza de vida no se traduce en bienestar, ya que la mayoría de ellas enfrenta una vejez precaria. Al haber dedicado gran parte de su vida a trabajos no remunerados, como el doméstico y de cuidados, sus trayectorias laborales han sido discontinuas e informales, lo que las excluye de pensiones contributivas y las condena a una dependencia económica crónica y a una sobrecarga de cuidados en el hogar. Esta realidad subraya la urgente necesidad de políticas públicas con perspectiva de género y territorio para garantizar una vejez digna en todo México.
