Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado una red de irregularidades financieras que comprometen la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con el reporte de la Cuenta Pública 2024, dos empresas vinculadas entre sí, Comercializadora JVLY y Formas Finas y Materiales, recibieron contratos por un total de 216 millones de pesos para la producción de material electoral. Además, la auditoría ha señalado un probable daño patrimonial por 63.2 millones de pesos. Esto es relevante porque el posible Daño Patrimonial en el INE por Contratos es uno de los elementos centrales de la investigación. Esto se debe a que la empresa JVLY no pudo acreditar la entrega total de los materiales. Asimismo, JVLY no pudo comprobar la subcontratación legal de los servicios cobrados al instituto.
La conexión entre estas compañías, calificadas como «hermanas» por el órgano fiscalizador, se evidencia a través de la figura de Jesús Alberto Juárez Calvo. Él fungió como apoderado legal de Comercializadora JVLY y representante de Formas Finas y Materiales de manera simultánea. Por otro lado, la ASF documentó que, durante una visita de supervisión al domicilio fiscal de JVLY para verificar el cumplimiento de los contratos de 2024, las instalaciones correspondían en realidad a Formas Finas. Este esquema de triangulación ha levantado sospechas sobre la transparencia en los procesos de licitación. Además, genera dudas en la adjudicación directa dentro del órgano electoral más importante del país y refuerza la preocupación sobre el Daño Patrimonial en el INE por Contratos.
El historial de contrataciones con estas empresas se remonta a la gestión de Taddei en el Instituto Electoral de Sonora. En 2017, se otorgó un contrato de 31 millones de pesos a Formas Finas. Esta relación comercial continuó en el INE. Posteriormente, Comercializadora JVLY obtuvo contratos millonarios tanto para material impreso como para el servicio integral de voto electrónico en el extranjero. El monto de este contrato fue de 5.2 millones de dólares. La auditoría señala que la empresa dispersó los recursos recibidos entre nueve empresas distintas y una persona física. Sin embargo, no presentó documentación justificativa que compruebe que el servicio de impresión y distribución de materiales de capacitación electoral fue realmente prestado. Así se fortalece la evidencia del Daño Patrimonial en el INE por Contratos.
La polémica se extiende a los colaboradores cercanos de la presidencia del INE. Iliana Araceli Hernández Gómez, actual directora ejecutiva de Capacitación Electoral, firmó en su cargo previo en el Instituto Electoral de Oaxaca un contrato por 32 millones de pesos con Formas Finas para el proceso estatal de 2024. Adicionalmente, estas coincidencias en las adjudicaciones sugieren un patrón de favoritismo que la ASF está obligada a investigar a fondo. El daño patrimonial por 63 millones de pesos identificado en febrero pasado es solo la punta de un iceberg de posibles omisiones administrativas. Así pues, el Daño Patrimonial en el INE por Contratos podría derivar en sanciones penales para los involucrados.
Este caso de presunta corrupción interna en el INE llega en un momento de alta sensibilidad política en 2026. La transparencia del organismo encargado de organizar las elecciones es fundamental para la democracia mexicana. Mientras el INE busca justificar sus presupuestos ante la Cámara de Diputados, estos hallazgos de la ASF ponen en duda la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Por último, la exigencia de la sociedad civil y de los partidos de oposición es una investigación exhaustiva que aclare si hubo conflicto de interés o colusión para beneficiar a un grupo empresarial específico en detrimento del patrimonio de la nación. En conclusión, Daño Patrimonial en el INE por Contratos es un tema que debe esclarecerse de forma prioritaria.
