Teotihuacán, Edo. Méx. — El corazón arqueológico de México, la Zona Arqueológica de Teotihuacán, se convirtió ayer en el escenario de una tragedia sin precedentes que ha conmocionado a la opinión pública internacional y ha puesto en tela de juicio la eficacia de los protocolos de seguridad en los recintos federales. Julio César Jasso, un joven de 27 años, logró evadir todos los controles de acceso, ascendió a la cúspide de la Pirámide de la Luna y, desde esa posición privilegiada, abrió fuego contra la multitud de turistas que se encontraba en la Plaza de la Luna. El saldo del ataque es devastador: una ciudadana canadiense perdió la vida, mientras que otras 13 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, antes de que el agresor fuera abatido por elementos de seguridad.
La respuesta oficial ante este evento ha generado una indignación profunda. Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció abiertamente que el sitio carecía de arcos detectores de metales y tecnología de escaneo, argumentando que una tragedia de este tipo «no tenía precedentes» en la historia moderna del país. Sin embargo, esta explicación ha sido calificada como insuficiente por diversos sectores de la sociedad civil y expertos en seguridad. Colectivos culturales locales y grupos de calpullis, que frecuentemente realizan ceremonias prehispánicas en el sitio, denunciaron una flagrante contradicción: mientras el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ejerce un control minucioso e incluso agresivo contra ellos, revisando semillas, flores y agua, un individuo armado pudo ingresar y escalar uno de los monumentos más vigilados del país sin ser detectado.
Esta falla sistémica apunta directamente a la crisis presupuestal que atraviesa el INAH. Durante los últimos años, los recortes en el gasto corriente han dejado a las zonas arqueológicas con una plantilla de custodios mínima, carente de equipo de comunicación moderno y sin capacitación para enfrentar escenarios de tirador activo. Teotihuacán, que recibe a millones de visitantes anualmente y es un motor económico vital para la región del Valle de México, operaba bajo un esquema de vigilancia basado en la «buena fe», el cual colapsó trágicamente este miércoles. El impacto diplomático no se ha hecho esperar; el gobierno de Canadá ha emitido una alerta de viaje, y otras embajadas han solicitado garantías de seguridad para sus ciudadanos que visitan destinos culturales en territorio mexicano.
Ante la crisis, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que la Guardia Nacional tomará el control permanente del perímetro y los accesos a la zona. No obstante, queda en el aire la pregunta de si estas medidas serán permanentes o solo una reacción temporal ante la presión internacional. La Pirámide de la Luna permanecerá cerrada indefinidamente para peritajes, dejando una mancha de sangre en el patrimonio más sagrado de México y una herida abierta en la confianza de quienes ven en nuestra historia un refugio de paz y no un campo de batalla.
