Los resultados de la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2025, publicados por el Inegi, presentan un panorama ambivalente sobre la percepción ciudadana en México. Si bien el nivel de confianza general en el Estado se mantiene en rangos moderadamente altos, persiste una sombra crítica. Ocho de cada 10 adultos consideran que el servicio público está permeado por actos de corrupción. Esto evidencia una brecha profunda entre la legitimidad institucional y la integridad operativa.
De acuerdo con el informe, el 56.3 por ciento de la población mayor de 18 años confía en los empleados del gobierno federal. Al desglosar por niveles de gobierno, la administración federal encabeza la lista con un 53 por ciento de aprobación. Le siguen los gobiernos estatales con un 47.7 por ciento y las alcaldías o municipios con un 47 por ciento. Estas cifras sugieren que la ciudadanía percibe mayor confiabilidad en las instancias centrales. Las cifras también indican que confían menos en las autoridades locales.
En el ámbito institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el cuerpo de juzgadores obtuvieron un voto de confianza del 50.7 por ciento. Este dato contrasta con la percepción sobre el Poder Legislativo. En este contexto, el Congreso de la Unión alcanzó un 41 por ciento de confianza y los Congresos estatales apenas un 38.8 por ciento. La brecha refleja una mayor expectativa ciudadana sobre la imparcialidad judicial. Además, muestra que hay menor confianza en la labor representativa de los legisladores.
Las instituciones de seguridad pública continúan siendo los pilares de la confianza nacional. Tres de cada cuatro mexicanos manifestaron un nivel de confianza alto en las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea). Les siguen la Guardia Nacional con un 61 por ciento. En contraste, las policías estatales y municipales se sitúan por debajo del 47 por ciento. Esto subraya la preferencia social por el modelo de seguridad federalizado.
Sin embargo, el apartado de integridad es el que enciende las alarmas. El 84.9 por ciento de la población considera probable que un servidor público acepte dinero para agilizar trámites. Mientras tanto, un 82.4 por ciento cree que los representantes políticos aceptan favores del sector privado a cambio de beneficios legislativos. Esta percepción de «corrupción por conveniencia» es uno de los mayores obstáculos para la consolidación de la fe pública.
La encuesta también revela una preocupación por la autonomía gubernamental frente a los intereses corporativos. El 59.2 por ciento de los consultados estima probable que el gobierno federal ceda ante las exigencias de grandes empresas, incluso si estas resultan perjudiciales para la sociedad. Esta visión se complementa con una moderada confianza en la rendición de cuentas. Solo el 54.1 por ciento cree que la Cámara de Diputados realmente fiscaliza las decisiones del Ejecutivo.
En materia de capacidad de respuesta, el 60.5 por ciento de la ciudadanía confía en que las instituciones están preparadas para proteger la vida ante emergencias de gran escala. Asimismo, existe una expectativa positiva sobre el rol regulador del Estado en las nuevas tecnologías y el apoyo económico en escenarios de crisis. Los niveles de confianza superan el 55 por ciento en estos aspectos.
En conclusión, la ENCOAP 2025 muestra un país que confía en el diseño y la intención de su Estado, pero que desconfía profundamente de los individuos que lo operan. El reto para los próximos años no será solo mantener los niveles de aprobación. También será transformar la cultura del servicio público para reducir la percepción de impunidad y corrupción que todavía define la interacción cotidiana entre el ciudadano y el gobierno.
