La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto un punto final definitivo a las aspiraciones legales de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera para impugnar, a través de la justicia mexicana, el trato que recibe en el sistema penitenciario de los Estados Unidos. En una resolución publicada este pasado lunes en sus listas electrónicas, el máximo tribunal del país desechó por improcedente el recurso de revisión presentado por la defensa del exlíder del Cártel de Sinaloa. Con esta decisión, los ministros confirmaron que el juicio de amparo en México carece de jurisdicción para actuar contra autoridades extranjeras, como el juez Brian M. Cogan o la Corte Suprema de Justicia de Massachusetts, reafirmando los principios de soberanía y no intervención que rigen el derecho internacional.
El recurso, promovido por el abogado Christian Camacho Ruiz, buscaba revertir sentencias previas de tribunales inferiores que ya habían negado la protección constitucional al capo. Guzmán Loera alegaba que su reclusión en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, constituía una violación a sus derechos humanos y una «pena inusitada» prohibida por el artículo 22 de la Constitución mexicana. La defensa sostenía que el Estado mexicano tenía la obligación de proteger a sus ciudadanos en el extranjero e investigar presuntos actos de tortura bajo estándares internacionales como el Protocolo de Estambul. No obstante, la SCJN determinó que el amparo solo es procedente contra actos de autoridades nacionales dentro de territorio mexicano, y que extender esta facultad a instituciones de otro país vulneraría gravemente los tratados bilaterales y la independencia judicial de las naciones soberanas.
Desde su extradición el 19 de enero de 2017 y su posterior condena a cadena perpetua en julio de 2019, Guzmán Loera ha intentado diversas rutas legales para mitigar las condiciones de su encierro y la confiscación de más de 12 mil millones de dólares. Sin embargo, la resolución de este abril de 2026 cierra la última puerta en el ámbito nacional. El Tribunal Colegiado que precedió a la Corte ya había advertido que el principio «pro persona» no es una carta abierta para soslayar los requisitos de procedencia legal. Al ser una sentencia de un órgano terminal, la decisión de la Suprema Corte es ahora inatacable. Esto deja firme el criterio de que los tribunales mexicanos no pueden obligar a jueces o prisiones estadounidenses a cumplir resoluciones de amparo, pues carecen de los mecanismos coercitivos y de la legitimidad jurídica para operar fuera de sus fronteras, consolidando así un precedente sobre los límites del juicio de amparo frente a procesos de extradición concluidos.
