El pasado lunes 6 de abril, Leyla Monserrat Lares Becerra habría cumplido 16 años de edad. Sin embargo, su vida fue truncada en septiembre de 2025 en un caso que ha sacudido los cimientos del sistema de justicia en el estado de Sonora y que, a raíz de la reciente sentencia dictada en marzo de este año, ha reabierto un doloroso debate nacional sobre la proporcionalidad de las penas para menores de edad que cometen delitos de extrema violencia. El crimen, ocurrido en el ejido El Desierto del municipio de General Plutarco Elías Calles, fue documentado en video por las propias agresoras —dos adolescentes de 13 y 15 años— y difundido en redes sociales, exponiendo una saña que contrastó profundamente con la confianza que la víctima depositó en quienes consideraba sus amigas.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), Leyla fue conducida bajo engaños a una escena donde, entre risas y vendas en los ojos, fue asfixiada mecánicamente. El móvil, según el expediente ministerial, se centró en un conflicto personal derivado de celos sentimentales. Aunque inicialmente las pesquisas señalaron a un adulto como posible autor, el hallazgo del material audiovisual y los peritajes en dispositivos móviles confirmaron la autoría directa de las menores. Este hecho llevó el proceso al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, un marco legal diseñado con un enfoque restaurativo que, en el mes de marzo de 2026, culminó con una sentencia que muchos sectores de la sociedad civil han calificado como insuficiente: dos años y diez meses de internamiento para la joven de 15 años, y apenas once meses de libertad asistida para la de 13 años.
La indignación de la familia, encabezada por la señora Carmen Angélica Becerra, se centra no solo en la brevedad de la reclusión, sino en la reparación del daño moral fijada en poco más de cinco mil pesos. Para los deudos, esta cifra y la temporalidad de las medidas cautelares no guardan relación con la gravedad del feminicidio ni con el trauma social generado por la grabación del acto. En este contexto, el caso de Leyla Monserrat se ha convertido en un estandarte para colectivos que exigen una reforma profunda a las leyes de justicia para adolescentes en México. La exigencia es clara: que la minoría de edad no sea un escudo de impunidad cuando existe premeditación y crueldad extrema. Mientras la madre de Leyla sostiene su fotografía en lo que debió ser un festejo de cumpleaños, el sistema judicial mexicano enfrenta el reto de equilibrar la protección de los derechos de los menores infractores con la necesidad de ofrecer una justicia real y reparadora para las víctimas de crímenes que, por su naturaleza, parecen desafiar cualquier lógica de rehabilitación a corto plazo.
