Este lunes 30 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una estrategia clave para contener el impacto de la crisis energética global en el bolsillo de los mexicanos. La estrategia consiste en un acuerdo voluntario con los empresarios gasolineros para fijar el precio del diésel en 28.28 pesos por litro. Ante el incremento sostenido de los precios internacionales del petróleo, derivado del conflicto bélico en Medio Oriente, la mandataria enfatizó que esta medida no busca imponer un tope forzoso que altere el mercado. Más bien, busca establecer una colaboración solidaria con el sector privado. «Quien no quiera, no lo hace», señaló la Presidenta durante su conferencia matutina, aclarando que se trata de un pacto para «ayudar a la economía» nacional. Además, lo considera especialmente importante en un combustible que es el motor del transporte de carga que surte los alimentos y productos básicos en todo el territorio nacional.
El objetivo de la administración federal es trabajar intensamente durante esta semana y la próxima con los concesionarios de las estaciones de servicio para ajustar la compensación del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). Este mecanismo fiscal permitirá que, aunque el precio internacional del crudo se mantenga elevado, el costo final para el transportista y el consumidor no se dispare por encima de los niveles pactados. Sheinbaum recordó que el diésel llegó a cotizarse cerca de los 30 pesos en algunas regiones. Por lo tanto, el precio de 28.28 pesos representa un alivio significativo para las cadenas de suministro. La mandataria instruyó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que incluya en sus reportes semanales una vigilancia estricta sobre el precio del diésel. Así, aseguró que los establecimientos que se sumen al acuerdo cumplan con lo pactado y no especulen con el costo del combustible.
La importancia de esta medida radica en su impacto preventivo sobre la inflación. Al ser el diésel el principal insumo para los camiones de carga y maquinaria agrícola, cualquier variación abrupta en su costo se traslada de inmediato al precio de la canasta básica. «No es que haya un límite al precio, tiene sus implicaciones poner un tope», explicó la Presidenta, reconociendo la complejidad de las dinámicas de mercado. Sin embargo, subrayó que en «momentos difíciles» como los actuales, la intervención del Estado a través del diálogo es fundamental para evitar una crisis de consumo. El Gobierno de México apuesta por la responsabilidad social de los gasolineros para mantener la estabilidad financiera mientras el panorama internacional se estabiliza. Con esta acción, la administración busca generar un ambiente de certidumbre para los transportistas. Así, se garantiza que el flujo de mercancías no se detenga y que el costo de vida de las familias mexicanas no se vea vulnerado por factores externos ajenos a la producción nacional. Finalmente, se consolida así una política de protección económica basada en la concertación y el uso estratégico de los instrumentos fiscales.
