A 24 días de que se encendieran las alarmas por un masivo derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, el Gobierno Federal ha roto el silencio para ofrecer un informe detallado sobre la magnitud de esta catástrofe ambiental que ya afecta a más de 600 kilómetros de litoral mexicano. El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, reveló que la contaminación tiene un origen mixto: por un lado, se detectaron emanaciones naturales conocidas como «chapopoteras», pero por otro, se confirmó un vertimiento ilegal realizado por un buque que todavía no ha sido identificado plenamente. La emergencia ha movilizado a un grupo interdisciplinario de expertos que intentan contener el avance de una mancha negra que se extiende desde las costas de Campeche hasta Tamaulipas, pasando por Tabasco y Veracruz. A pesar de la gravedad, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, intentó matizar el impacto asegurando que, aunque la extensión es vasta, no existe todavía un daño ambiental «severo», declaración que contrasta con los reportes de pescadores que han encontrado delfines y tortugas muertas en las playas afectadas.
El almirante Morales explicó que se han identificado dos chapopoteras críticas: una ubicada a solo 5 millas del Puerto de Coatzacoalcos y otra mucho más activa localizada a 60 millas de Ciudad del Carmen, en la zona de Cantarell. Esta última es considerada la fuente de mayor volumen de contaminante crudo que brota de manera natural desde el subsuelo. Sin embargo, el factor criminal es el que más preocupa a las autoridades, pues Pemex reportó que un buque aprovechó la confusión para realizar una descarga ilegal de desechos en las inmediaciones de Veracruz. Identificar al responsable se ha convertido en una labor de inteligencia naval casi imposible, ya que en el momento del vertimiento había 13 embarcaciones más en la zona. Cuatro de ellas siguen en aguas nacionales bajo inspección, mientras que para las nueve restantes, que ya navegan en aguas internacionales, se ha solicitado la cooperación de organismos extranjeros para deslindar responsabilidades y castigar este atentado ecológico que ha puesto en jaque la economía de miles de familias costeras.
Esta crisis ha sido documentada por comunidades y medios desde el pasado 2 de marzo, denunciando que son los propios pescadores y pobladores quienes, con sus propios medios, han tenido que iniciar la limpieza de las playas para salvar sus medios de subsistencia y el atractivo turístico de la región. Hasta el momento, el grupo interdisciplinario conformado por Semarnat, Marina y Pemex ha logrado limpiar 223 kilómetros de playa, recolectando 430 toneladas de hidrocarburo. Alicia Bárcena anunció que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ya está interponiendo las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable de este desastre. Para evitar futuras tragedias, se creará un observatorio ambiental permanente en el Golfo de México. Aunque las autoridades aseguran que el derrame está contenido mediante barreras marinas y que las playas turísticas están aptas para los visitantes de Semana Santa, la huella del chapopote en el ecosistema marino sigue siendo una herida abierta que requerirá años de monitoreo y restauración para sanar por completo.
