La gestión del agua en el estado de Puebla se enfrenta a un escenario crítico que mezcla la explotación ilegal, la falta de infraestructura y un modelo de riego obsoleto que ya no puede sostenerse. Beatriz Torres Trucios, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad, ha puesto el dedo en la llaga al revelar la existencia de 200 denuncias activas por la perforación y explotación irregular de pozos. Lo preocupante no es solo la cifra, sino la impunidad operativa: de ese centenar de casos, apenas siete han derivado en clausuras totales. Este mercado negro del líquido vital ha encontrado un nicho lucrativo en las zonas donde los ayuntamientos han fallado en extender sus redes de agua potable. El esquema es tan simple como alarmante: se extrae el recurso de acuíferos que legalmente se encuentran en veda para luego comercializarlo mediante pipas a familias que no tienen otra opción para subsistir, convirtiendo un derecho humano en un botín para el mercado ilegal.
La funcionaria fue clara en señalar que las multas por estas infracciones pueden alcanzar el millón y medio de pesos, ya que se trata de un daño directo a un bien nacional. No obstante, la sanción administrativa es solo una parte de la solución; el verdadero reto es estructural. Torres Trucios lanzó un llamado urgente a los presidentes municipales para que dejen de ver hacia otro lado y asuman su responsabilidad constitucional de dotar de servicios básicos a sus comunidades. Mientras no haya redes de agua formales, el negocio de las pipas clandestinas seguirá floreciendo a costa del agotamiento de los acuíferos. En este contexto, la Federación ha reiterado su apoyo a través de programas como el Prodder y el Prosanear, orientados a la sustitución de tuberías viejas y la mejora del saneamiento, pero la voluntad local es el motor que falta para que estos recursos se traduzcan en beneficios reales para la población poblana.
Por otro lado, el sector agrícola también se encuentra en una encrucijada tecnológica y administrativa. La Conagua ha abierto un decreto de facilidades para que los productores regularicen sus títulos de concesión, un paso indispensable para acceder a los apoyos gubernamentales de tecnificación. La instrucción desde la presidencia de la República es tajante: el «riego rodado» debe desaparecer. Este sistema tradicional, aunque arraigado, es un sumidero de desperdicio donde enormes volúmenes de agua se pierden por evaporación o infiltración innecesaria antes de llegar a los cultivos. En el Distrito de Riego 030 de Valsequillo, que beneficia a casi 18 mil usuarios en más de 32 mil hectáreas, la meta para el ciclo 2026 es optimizar el uso de los 264 mil metros cúbicos pactados para cultivos de maíz, frijol y alfalfa. El mensaje es transparente: el agua es un recurso finito y su mala gestión es un lujo que Puebla ya no se puede permitir. La transición hacia un modelo hídrico eficiente y legal es la única garantía de que el campo y las ciudades tengan futuro en un entorno de estrés climático creciente.
